En la última semana la Casa Rosada se inclinó por el revisionismo. No por el revisionismo histórico, sino por el de decisiones y declaraciones recientes y propias. Contra lo que la Presidenta anunció dos semanas atrás con tono desafiante (“no voy a permitir que ningún gendarme salga más”, había dicho) y al revés de lo que había ratificado el secretario de Seguridad, Sergio Berni (“cada jurisdicción deberá resolver sus propios conflictos"), varios centenares de efectivos de la Gendarmería, la Policía Federal y la Prefectura fueron despachados a Santa Cruz para cubrir el vacío creado por una huelga de más de dos semanas de la policía local. No sólo eso: el Estado central accedió finalmente a facilitarle instrumentos financieros a la provincia de Buenos Aires para cubrir la brecha que le impedía pagar en término el medio aguinaldo. Y la Presidente se hizo fotografiar en la Casa de Gobierno con Daniel Scioli, una escena que ella misma comparó con la firma de un acuerdo de paz. El viernes, concluyendo una semana de rectificaciones y correcciones de rumbo, el gobierno –a través de dos ministros que últimamente dieron señales de vida: Florencio Randazzo y Hernán Lorenzino- avisó que “estará detrás de cada punto de los temas que presentan las provincias”. En lo inmediato, Santa Cruz se anotó para recibir ayuda (la necesita para cumplir la oferta ampliada que el gobernador hizo a su cuerpo policial retobado), pero otras provincias se agregarán a esa lista.
Algunas, como Córdoba, no piden ayuda, sino que les paguen lo que les deben. El gobierno de José Manuel De la Sota reclama a la ANSES más de 1.000 millones de pesos de compromisos previsionales con la Caja de Jubilaciones provincial, un cráter que la administración cordobesa –ahora con De la Sota, antes con Juan Schiaretti- viene cubriendo con recursos propios. “Queremos que nos digan por qué no nos pagan –exigió el jefe de gabinete de De la Sota, Oscar González, en carta al jefe de la ANSES, Diego Bossio, un protegido de la señora de Kirchner-.
Nunca, en todas las reuniones que hemos mantenido a partir de la asunción de este gobierno, hemos tenido una respuesta formal (…) La no respuesta será tomada como una negativa –adelanta González- y trataremos de encontrar en instancias judiciales el acuerdo que no hemos encontrado por vía administrativa y política”.
No está el horno...
El gobierno está constatando que las administraciones territoriales (provincias y también municipios, como pudo comprobar Julio De Vido con intendentes de varios distritos) manifiestan en diferentes tonos su asfixia financiera y sus demandas a la caja central. No es para menos: el dinero que llega a las provincias por coparticipación es, en términos reales (inflación descontada), menos que el de el último año. Una prestigiosa consultora privada –la de Miguel Bein, que no puede ser definida como hostil a la administración K- destaca en su último informe que la presión impositiva nacional, que en los años 90 llegó a 17,2 por ciento del PBI, “alcanzó en el último año a casi 27,6 por ciento.De esos 10 puntos promedio de aumento, las provincias recibieron sólo 2 en forma automática y 0,9 adicional en forma discrecional.” A las provincias sólo les llegó el 30 por ciento del incremento (y sólo la mitad de eso de manera objetiva; el resto, según el toma y daca del gobierno); la que engorda es la caja central. A esa sequía se le agrega el parate económico –una declinación que no puede ignorar ni siquiera el INDEC- y que restringe la capacidad de las provincias de generar recursos propios. El gobierno empezó a notificarse de que el horno no está para bollos ni en el interior ni en el conurbano.
¿No vamos por todo?
Por otra parte, las encuestas le advirtieron a la Casa Rosada que las dificultades financieras de la provincia de Buenos Aires para pagar los aguinaldos eran mayoritariamente atribuidas a culpas presidenciales. Según una encuesta de Management & Fit, apenas un 13,6 por ciento de los bonaerenses comparte la idea de que los fondos no se giraron “porque el gobernador administra mal” su distrito. Si la idea consistía en “esmerilar” a Scioli, el resultado era negativo: en la ofensiva de la Casa Rosada contra el gobierno provincial, las tres cuartas partes de quienes votaron a Cristina Fernández aprueban la gestión del Gobernador. Entretanto, la opinión adversa sobre la Presidente no deja de crecer: en un año se incrementó 20 puntos y se duplicó. He allí variados motivos para que la Casa de Gobierno se haya inclinado esta semana por la “sintonía fina” de su propia conducta.Habrá que ver en el futuro próximo si esta aparente corrección de rumbo se afirma o si queda neutralizada por la tendencia “vamos por todo”, que es íntimamente hegemónica en el centro oficialista.
Habrá que ver, asimismo, si el gobierno se encuentra en condiciones de cumplir sus compromisos y sus deudas con las provincias y las expectativas que alienta en ellas: la caja central, pese al incremento de la presión impositiva y al desequilibrio del reparto en beneficio propio, acusa déficit (en junio, de 726 millones, contra el superávit de 933 millones de junio de 2011). Todo ello en un contexto de dificultades, con el dólar paralelo distanciado un 50 por ciento del oficial y con previsiones de “estanflación” que no se originan sólo en economistas locales que merecen la sospecha del gobierno, sino en analistas de importantes entidades del exterior, que avizoran recesión e inflación.
Querer y poder
Más allá de lo que en definitiva resuelva que quiere hacer, parece obvio que el gobierno no puede cumplir con todos.Esta semana dio una señal inequívoca de que no cumplirá con ciertas demandas del gremialismo al decretar la absorción por la Superintendencia de Seguro de Salud de la Administración de Programas Especiales (APE), el ente autárquico que se ocupa de redistribuir entre todas las obras sociales una parte del salario de los trabajadores, de modo de financiar “prestaciones médicas de alto impacto económico originadas en la atención de enfermedades de baja incidencia y/o de carácter crónico”.
La APE recauda anualmente unos 1400 millones y no todos se reorientan a las obras sociales oportunamente, una parte se destina a un fondo anticíclico, el llamado Fondo Solidario de Redistribución, que cuenta ahora con unos 16.000 millones de pesos. El Estado retiene esa cifra, y por ello los sindicatos vienen reclamando su restitución. Ahora, al disolver la APE y ponerla directamente bajo control de la santacruceña Liliana Korenfeld –una funcionaria de confianza personal de la Presidente- la Casa Rosada está anticipándoles a los gremios que ese fondo quedará en la caja central. Que, está visto, necesita fondos.
Hugo Moyano fue el primero en responder a esa medida: el gremio de Camioneros adelantó que reclamará ante la Justicia contra esa medida. Era previsible. Imprevista fue, en cambio, esa decisión presidencial para los gremialistas que se reunieron el lunes con la señora de Kirchner. Ella no les anticipó lo que pensaba hacer con la APE.
Un desafío al relato
La presidenta, si se quiere, había desafiado a sus apologistas de izquierda al reunirse en la Casa Rosada con ese batallón de gremialistas que su relato suele condenar: se trataba de los viejos lobos de mar que acompañaron “el neoliberalismo” de Menem, sin excluir al albañil Gerardo Martínez, a quien los mastines ideológicos del oficialismo pintaron hace poco como hombre “de los servicios en tiempos de la dictadura”. Pero, como se dice, París bien vale una misa. La señora quería exhibirse rodeada de sindicatos para subrayar un triunfo sobre Moyano, que ese mismo día reasumía como secretario general de la CGT. Los adversarios del camionero, por su parte, querían escenificar la idea de que se había retomado la interlocución con el poder.Pero la medida sobre la APE –sumada al rumor de que el gobierno planea intervenciones mayores sobre el sistema de obras sociales- pareció señalar que los acuerdos entre el gobierno y ese sector del gremialismo no están “atados y bien atados”. El albañil Gerardo Martínez y el estatal Andrés Rodríguez salieron a gruñir y a mostrar moderadamente los dientes: subrayaron que la inflación “está desfasada” y es “preocupante, así como que las cifras del Indec no son confiables. Martínez y Rodríguez son los gremialistas mejor vistos por la Casa Rosada. También lo era Moyano hasta hace un tiempo, pero el gobierno no pudo retenerlo. Es probable que le cueste también retener a la mayoría de los que acudieron a la sede presidencial el lunes pasado si sólo les ofrece té y simpatía. Los gremios – sin descartar a los que suele describirse como oficialistas- también van a pedir que la Casa Rosada se vuelque al revisionismo.