Durante los períodos de transición entre un ciclo político que se extingue y otro que se insinúa, el cambio del talante social se expresa en la gestación de nuevos consensos, que disuelven y suplantan a los preexistentes. Por caso: antes de que se pusieran en práctica las reformas de mercado de los años 90, la sociedad ya había empezado a demostrar hartazgo frente a la ineficiencia del estatismo y bajo el propio gobierno de Raúl Alfonsín empezaron a proyectarse privatizaciones y cambios que años antes parecían inaceptables.
En estos meses se puede verificar un proceso análogo de recomposición de consensos, que abarca desde el tema de la inclusión social a la seguridad y el fin del aislamiento internacional.
La derrota electoral de octubre de 2013 marcó el principio del fin del ciclo K: sepultó las ilusiones re-reeleccionistas y las posibilidades de continuismo.
Entre diciembre y enero la propia continuidad del gobierno parecía en riesgo ante una crisis cambiaria que amenazaba convertirse en crisis bancaria y de gobernabilidad. Sobrevino entonces un baño de realismo: el gobierno se vió obligado a torcer su relato y empezó a cantar La Cumparsita con la música de La Cucaracha: discurso progre y medidas que siempre consideró parte de un “ajuste ortodoxo”.
Un consenso implícito: las fuerzas ajenas al kirchnerismo están íntimamente satisfechas, sea porque consideran necesarias estas decisiones, sea porque prefieren “que el gobierno pague el precio” del ajuste. Por cierto,todas esgrimen alguna objeción, pero la nave va. Y el gobierno consiguió sortear su propio colapso.
Eso sí: para salvar su permanencia se ha visto obligado a firmar el certificado de defunción de lo que proclamaba como su identidad.
Otra mutación de consensos: en febrero el oficialismo conseguía el aval de un ramillete de dirigentes de la oposición para un proyecto de Código Penal inspirado por el ministro de la Corte Eugenio Zaffaroni. Ese proyecto fue frenado en seco por la iniciativa de Sergio Massa de impulsar una consulta popular para rechazarlo. La perspectiva de someter los criterios de Zaffaroni a un debate con amplia participación de la sociedad rompió la inercia del anacrónico consenso “progresista”.
Obsérvese la aceleración creciente de una nueva atmósfera social: primero, el paráte al Código de Zaffaroni; de inmediato, el giro de algunas de las fuerzas que lo habían apoyado, temerosas de quedar aisladas en la opinión pública; en los últimos días, el importante apoyo que, según encuestas, han conseguido las reacciones bautizadas como “linchamientos”.
El peronismo registra esas novedades. Principalmente el hecho (que también revelan las encuestas) de que el reclamo de autoridad y seguridad es más fuerte en las barriadas humildes que constituyen su base electoral que en los barrios de la clase media urbana.
La cuestión del narcotráfico y su enraizamiento en el país es otro punto crucial que se integra al nuevo consenso. La amenaza del narcotráfico introduce el tema de la participación militar en la lucha.
Un vocero calificado del oficialismo, Horacio Verbitsky, lo describe así: “El diputado Francisco De Narváez postuló la intervención de las Fuerzas Armadas para combatir el narcotráfico, en lo que coincidieron dos asesores muy próximos al gobernador Daniel Scioli, su hermano José y el vicepresidente del Banco Provincia, José Pampuro. En enero, el propio Scioli y el jefe de Gobierno de la Capital, Maurizio Macri, habían reclamado esa intervención”.
Y agrega, casi denunciando al gobierno de la señora de Kirchner, que hace más de un año que Aeronáutica y Ejército participan del programa Escudo Norte, “forzando los límites de las leyes de Defensa Nacional y Seguridad Interior”. Según Verbitsky la ley autoriza a las Fuerzas Armadas a “apoyar las operaciones de seguridad interior” con servicios auxiliares (desde sanidad y veterinaria a comunicciones) “pero no –subraya- con Inteligencia, como ocurre en el Escudo Norte”.
Verbitsky muestra cómo, también en este caso, el propio gobierno adelanta (así sea a hurtadillas) un consenso en gestación.