Uno de los rasgos que sin dudas distinguen al sistema político salteño es el amplio consenso entre los diferentes protagonistas de la vida pública lugareña acerca del valor de la llamada 'institucionalidad'. Nadie sabe muy bien lo que esta palabra significa; entre otras cosas, porque ninguno de los que la emplean a menudo se ha preocupado jamás por definirla.
La falta de definición y, por tanto, de precisión de este vocablo no es un hecho casual ni mucho menos. Obedece, como tantas otras cosas en nuestra vida política y social, a una calculada hipocresía pensada para ocultar detrás de palabras vacías la arbitrariedad de los detentadores del poder y su íntimo deseo de aplicar las leyes que nos rigen cómo y cuándo les plazca.
¿Qué es la 'institucionalidad'? ¿Es la vigencia de la Constitución? ¿Es el Estado de Derecho? ¿Es la democracia? ¿Son los derechos humanos? Y si fuera alguna de estas cosas, ¿por qué razón nuestra clase política no utiliza las palabras correctas?
La 'institucionalidad', como idea, poco tiene que ver con la democracia, por razones teóricas y por razones históricas.
Las primeras nos dicen que una pluralidad de instituciones (y recordemos que las instituciones son 'formas' organizativas que gozan de una relativa estabilidad) entorpece la democracia -entendida como la toma decisiones o el ejercicio del poder por el pueblo- más que facilitarla.
Las segundas nos recuerdan que fueron los militares golpistas que arrasaron una y otra vez con nuestras constituciones y pisotearon nuestros derechos quienes con más insistencia que consistencia nos hablaron de 'institucionalidad'. Para ellos, eran las Fuerzas Armadas (prístina institución fundante de nuestra Nación) las que conducirían al pueblo a su destino de grandeza. Hay que recordar también que todos los golpes de Estado en la Argentina se dieron en nombre de la 'democracia', de la 'república' y de la virginal pureza de las instituciones de una y de otra.
El debate sobre el contenido de la llamada 'institucionalidad' podría ser riquísimo y de una gran utilidad práctica, pero me parece francamente inútil ensayar cualquier reflexión al respecto, ya que existe solo una posibilidad entre diez millones de que en Salta alguien, alguna vez, se plantee seriamente definir los alcances de esta infeliz expresión.
¿Cómo funcionan nuestras instituciones?
Para los amantes de las formalidades, en Salta rige una institucionalidad impoluta.Pero sin ánimo de volver a agitar nuevamente la cuestión conceptual, me pregunto respetuosamente qué institucionalidad es la nuestra; de qué nos enorgullecemos, cuando:
1) Una decisión del máximo tribunal del justicia del país (de la autoridad que en última instancia interpreta y determina el alcance de nuestros derechos fundamentales) es manipulada con argucias reglamentarias por el Gobernador de la Provincia, quien, observando la mayor fidelidad a sus convicciones morales e ideológicas, resuelve restringir la aplicación de aquella suprema decisión;
2) Cuando a la hora de aplicar aquellas argucias reglamentarias del Poder Ejecutivo, un juez de la Provincia -diez veces más reaccionario que el Gobernador- resuelve declararlas inconstitucionales y borrar de un plumazo la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a cuyos integrantes el citado juez no le llega, por supuesto, ni a la suela de los zapatos;
3) Cuando una asesora de incapaces utiliza un procedimiento público destinado a tutelar los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos para restringirlos y no para asegurar su vigencia.
4) Cuando la Cámara de Diputados provincial, en vez de acatar y respetar la decisión judicial, aun en la discrepancia, la condena con adjetivos infames e impropios de un poder del Estado regido por el principio de legalidad. Pero al mismo tiempo no se anima a dar ni un solo paso para someter la decisión política del juez (un claro abuso de sus facultades) a los legítimos mecanismos destitutivos previstos en la Constitución provincial.
5) Cuando un juez y una asesora de incapaces que voluntariamente deciden apartarse de la Ley, que han jurado observar y aplicar, siguen en sus cargos, como si aquí no hubiera pasado nada.
Si esto es la 'institucionalidad' que tanto celebran los salteños, mucho me temo que el debate sobre el verdadero significado de esta inútil palabra seguirá por los siglos de los siglos sin que nadie lo aclare debidamente.
El espectáculo de los tres poderes del Estado tirando cada uno por su lado y pisoteando la Ley -una Ley que no les pertenece y a la que están sujetos con la misma intensidad con que lo están los ciudadanos- es cualquier cosa menos una manifestación del Estado democrático de Derecho.
Si esto es la 'institucionalidad', permítanme que, como salteño, no la celebre.