El ciclo de reelecciones continuas y proyectos de poder hegemónico a largo plazo, iniciado hace ahora 18 años, se resiste fieramente a admitir su final y su derrota. Casi dos décadas de fracasos encadenados, en forma de restricción de la participación política ciudadana, desplazamiento de las minorías de los centros de decisión pública, destrucción de los partidos políticos y caída en picado de la calidad institucional, parecen todavía no ser suficientes para desencadenar en Salta una corriente de opinión o un movimiento cívico a favor de una reforma política profunda que acabe de una vez con las reelecciones continuas y con las tentaciones de hegemonía permanente.
Hasta hace poco, las críticas a las reelecciones se dirigían exclusivamente hacia la Primera Magistratura provincial, ya que la infeliz reforma de 2003 permitió al anterior Gobernador de Salta permanecer 12 años en el poder y amenaza con hacer lo mismo con el actual, que lleva ya seis gobernando y que no ha tenido empacho en anunciar públicamente su deseo de ejercer un tercer mandato.
Pero pocos han reparado que la enfermedad reeleccionista se ha contagiado a los otros dos poderes del Estado.
En el Legislativo, la provincia de Salta se apresta a pagar el indecente precio de la reelección como presidente de la Cámara de Diputados de Manuel Santiago Godoy, un político recalentado que lleva más una década en el cargo y que solo ha demostrado en él cierto talento para crear alrededor de los presupuestos del Estado una pequeña dinastía de parientes que aspira a seguir controlando el Poder Legislativo por los próximos 30 años.
La situación no es diferente en el Poder Judicial, cuyos integrantes a menudo se llenan la boca hablando de «recato republicano» pero que a la hora de la verdad practican bastante poco las virtudes de la República.
El actual presidente de la Corte de Justicia de Salta, Guillermo Posadas, que hace algunos meses había anunciado su retiro por jubilación, ha presentado sorpresivamente su candidatura a la reelección, como magistrado y presidente, de un tribunal que no solo juzga en última instancia las controversias entre los ciudadanos, sino que decide con la misma autoridad sobre la inconstitucionalidad de las leyes, los derechos fundamentales de los ciudadanos, los conflictos de poderes, y ejerce el gobierno de todos los órganos del Poder Judicial a través de sus facultades de superintendencia.
De concretarse esta designación, que cuenta con el aval irrestricto del Gobernador de Salta, Posadas podría permanecer 16 años como presidente del máximo tribunal de Justicia de la Provincia de Salta. Se produciría así una situación inédita en los más de 180 años de historia institucional de esta Provincia.
El resultado de esta maniobra no es otro que el de una profunda desvirtuación de los principios que inspiran la organización constitucional de Salta, y en especial el de la forma republicana de gobierno, que rechaza enfáticamente la perpetuación de los ciudadanos en el ejercicio de las diferentes magistraturas y aboga por su carácter periódico y limitado, tanto funcional como temporalmente.
La manipulación de los principios constitucionales y su colocación al servicio de intereses personales, de familia o de casta, no solo produce catastróficas consecuencias en el sistema político, como lo hemos podido apreciar con claridad en los últimos dos años, sino que proyecta graves consecuencias sobre la economía y el sistema social en su conjunto.
Los salteños se encuentran ahora frente a la disyuntiva de seguir avalando unas políticas que privilegian aquellos intereses mezquinos, o de propiciar un enérgico movimiento a favor de las libertades ciudadanas, que señale nuevos límites al poder y que impida que se produzcan situaciones como ésta, más propias de una monarquía sin controles que de un sistema republicano asentado en la igualdad de unos ciudadanos con derechos y de una democracia basada en la justicia y en la voluntad popular.