La abogada Martha Sofía Poma ha dirigido un escrito al Gobernador de Salta en el que denuncia que la señora Fanny Flores de Guitián, Intendente de Cachi, y sus hijos Miguel y Gerardo Guitián han emprendido una serie de acciones en contra de un matrimonio de Cachi y sus hijos, que la denunciante califica como hostigamiento, persecución, amenazas e impedimentos a la libre circulación. En la denuncia se señala que los señores Miguel y Gerardo Guitián actúan bajo el amparo de su madre, la Intendente, y valiéndose del poder político de ésta.
Señala también la denuncia que una de las personas supuestamente hostigadas y perseguidas por el clan Guitián (el señor Rodolfo Yanes), debió "irse de Cachi", a causa de las constantes amenazas recibidas y la gravedad que habían alcanzado los actos de hostigamiento en contra de su persona.
Los denunciantes afirman que han puesto en conocimiento de estos hechos al Gobernador porque los hechos reflejan "el desorden y la falta de profesionalismo" de la Policía de Salta.
La denuncia afirma que las víctimas de estos hechos no pudieron efectuar sus denuncias debido a que los funcionarios policiales de Cachi recibieron una orden de parte de la Intendente de no recibir denuncia alguna.
No obstante, en la misma denuncia se reconoce que los hechos ya han sido puestos en conocimiento de la justicia y que se ha abierto una causa que tramita ante el Juzgado en lo Correccional y de Garantías Nº 3 de Salta.
Dicen los denunciantes que estos hechos revelan que la intendente Flores de Guitián se vale "de manera pública y notoria de las facultades y poderes que ostenta en razón del cargo que para tratar cuestiones ajenas a sus deberes".
En una comunicación de prensa difundida por los presuntos afectados a los medios esta tarde, se señala -con cierto tono irónico- que "en momentos en que se realizan importantes cambios tanto en la cartera de Seguridad de la Provincia, como en la cúpula policial, sería bueno saber qué opinan los responsables de dichas áreas acerca de que un simple llamado telefónico de una Intendente obstaculice una investigación policial y le impida a un empleado policial recibirle una denuncia a un ciudadano".