Lo que parece claro es que las localidades andinas salteñas de San Antonio de los Cobres y Tolar Grande no reciben, ni por asomo, los beneficios promocionales de la ley nacional que regula el desarrollo de las zonas de fronteras. Así por lo menos piensa la senadora nacional por Salta Sonia Margarita Escudero quien sin embargo parece no estar muy segura -como no lo están otros- si las dos localidades se encuentran comprendidas en las mencionadas zonas promocionadas de frontera.
Para aclarar esta situación es que el Senado nacional aprobó el pasado miércoles un pedido de informes dirigido al Ministerio del Interior del gobierno federal para que -según las propias palabras de Escudero- "confirme si ambas localidades se encuentran comprendidas dentro del régimen de zonas de frontera y qué beneficios importa tanto a nivel nacional como provincial".
Pendientes de que el Ministerio a cargo del señor Randazzo responda a este pedido, luego de revisar su cartografía, la legisladora salteña se ha quejado de la situación imperante tanto en San Antonio de los Cobres como en Tolar Grande. “En la actualidad ambas localidades sufren condiciones de marginalidad y aislamiento que dificultan la radicación de profesionales especializados, como es el caso de médicos pediatras, ginecólogos o psicólogos, y complica seriamente el normal funcionamiento de las instituciones educativas, que no pueden conseguir los ingresos que les permita cubrir las horas cátedras necesarias”, ha dicho la senadora.
Escudero no duda de la "naturaleza fronteriza" de San Antonio de los Cobres, pero denuncia que este municipio salteño no quedó "totalmente incluido" en el régimen de zonas de frontera por el decreto 887/1994 del gobierno nacional. “En los hechos, la localidad entera carece de los beneficios del régimen, a pesar de que la inmensa mayoría del Departamento de Los Andes quedó incluida dentro de sus límites”.
El caso de Tolar Grande es distinto -dice Escudero- pues “indudablemente esta población se encuentra dentro del área de frontera. No obstante ello, tampoco disfruta de los beneficios de esta categorización”.
“Ninguna duda cabe que, de existir una zona de nuestro país que debe ser incluida en el régimen de las área de frontera, ésa es la puna, cuyas particularidades dificultan seriamente la radicación de profesionales en la zona, afectando particularmente a sectores tan importantes como la salud y la educación, al tiempo que favorecen la migración de parte importante de la población, en especial los jóvenes”, agregó la senadora.
Recuerda Escudero que San Antonio de los Cobres es la ciudad cabecera del Departamento del Los Andes, la única de las 23 jurisdicciones administrativas en que se divide el territorio salteño que limita con la República de Chile. La capital de la Provincia se encuentra a 160 km y no existe centro urbano a menos de 120 km de esta localidad. Según la senadora, se trata de un caso extremo de aislamiento y lejanía territorial. Está ubicado a una altitud de 3.775 metros sobre el nivel del mar, lo que la convierte en el segundo centro urbano más elevado del país tras El Aguilar, Jujuy. La población era en 2001 de aproximadamente 5.000 personas, lo que comprende el 90% de la población total del Departamento.
Aún más remoto, Tolar Grande se encuentra en plena puna, a 380 km de la capital provincial. Su población apenas alcanza los 150 habitantes.
“La alta mortalidad y la emigración crónica por la falta de desarrollo económico local han hecho que durante todo el siglo XX la población se haya mantenido estancada, pese al enorme potencial económico de la región en materia de turismo, minería, agricultura de quinoa y papa, y ganadería”, explicó la senadora Escudero en su proyecto.