La Corte de Justicia ha declarado inconstitucional la ordenanza 3373/11 sancionada por el Concejo Deliberante de la Municipalidad Rosario de la Frontera, que estableció un "pago por reconocimiento a la trayectoria" a los agentes municipales recién jubilados. La norma en cuestión -vetada por la Intendente del lugar pero insistida por el Concejo Deliberante- preveía que los gastos que demandase dicho pago a los jubilados serían imputados “a las cuentas que correspondan”, una circunstancia que la Corte consideró contraria a las normas constitucionales en vigor.
Dice la Corte que esta previsión normativa implicaba que el financiamiento de el pago por reconocimiento a la trayectoria debía ser afrontado con recursos que no fueron individualizados ni previstos en el presupuesto correspondiente a 2011.
De acuerdo a lo previsto en la propia norma, el pago consistía en el desembolso una cantidad equivalente a diez sueldos básicos de un agente de agrupamiento profesional subgrupo II de la Administración Central de la Provincia, por cada agente en condiciones de acceder a la jubilación ordinaria.
La acción de inconstitucionalidad fue ejercida por la intendente Rómula Dina Gómez de Montero, como demandante, contra el Concejo Deliberante de Rosario de la Frontera, que no compareció a contestar la demanda.