La Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA), sindicato que pertenece a la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y que ostenta representatividad en el ámbito de la enseñanza en todo el país, ha convocado para hoy una jornada de huelga, en protesta por el portazo que el gobierno nacional ha dado en la negociación colectiva del sector. Si bien la secretaria general de este sindicato, Stella Maldonado, ha animado a los docentes a adherir a la convocatoria de huelga como forma de repudio a las recientes manifestaciones de la Presidente de la Nación, la medida tiene una clara motivación salarial.
Así lo ha reconocido la propia Maldonado, al decir que el paro convocado para hoy “está ligado a la discusión salarial y al hecho de que el Gobierno, unilateralmente, cerró esa negociación”.
No obstante la motivación de la medida, la huelga convocada es de ámbito nacional, lo que supone que los docentes pararán, incluso en aquellas provincias en las que los sindicatos federados en CTERA han alcanzado un acuerdo salarial satisfactorio.
Es el caso de Salta, en donde los sindicatos AMET, SADOP y ADP, que firmaron un buen acuerdo salarial con el gobierno provincial, comunicaron su adhesión a la huelga convocada por CTERA.
Reacción del gobierno
Frente al conflicto, el gobierno de Salta ha vuelto a reaccionar como ha podido. Su Ministro de Trabajo, Rubén Fortuny, solo ha atinado a recordar que el gobierno "podrá" negarse pagar el día no trabajado por los huelguistas, con la esperanza de disuadir a alguno de sumarse a la medida.Lo cierto es que el gobierno no solamente está facultado reglamentariamente para descontar del salario del huelguista el tiempo no trabajado, sino que en cierto modo está obligado a hacerlo, por la propia naturaleza suspensiva de las prestaciones que posee el derecho de huelga.
Y por otra razón no menos importante: el pago "regular" del salario de un huelguista -esto es, el que no surge expresamente del acuerdo que pone fin a la huelga- supone siempre un enriquecimiento sin causa. En el caso del Estado, cualquier pago sin causa dispara la responsabilidad del funcionario que lo ha autorizado.
Al ministro Fortuny no se le ha ocurrido que la convocatoria de AMET, SADOP y ADP representa para su gobierno (para la comunidad educativa y para el conjunto de los ciudadanos) una grave ruptura de la cláusula de paz social, implícita en cualquier acuerdo colectivo laboral. Tal cláusula consiste en la renuncia obligada de ambas partes a cualquier medida de conflicto que pretenda alterar los acuerdos ya alcanzados, mientras se encuentren en vigencia.
Tampoco parece que el ministro haya tenido todas las luces encendidas para advertir la potencial ilegalidad de una huelga que -resulta obvio- no persigue la novación de unos acuerdos vigentes sino que enmascara una medida de conflicto de solidaridad o simpatía, motivación que no ha sido declarada expresamente por sus convocantes.
Pese a ello, el Ministro de Trabajo de Salta no ha dudado un instante en declarar la legalidad de la huelga.