La Agremiación de Empleados del Poder Judicial y Ministerio Público de Salta ha convocado para hoy, día martes 11 de septiembre, una asamblea extraordinaria para decidir “el curso de acción a seguir” frente al impago de la cuota anual de 2012, correspondiente a la reestructuración salarial acordada en 2008. La asamblea se celebrará esta tarde a las 18 horas, en la sede sindical de calle 25 de Mayo 573 de esta ciudad. Los judiciales de Salta consideran que su salario se encuentra en peligro y denuncian con inquietud el impago por parte del gobierno provincial de la cuota anual de 2012, que debió ser abonada en el mes de agosto pasado, junto al salario normal del periodo, y que se adeuda en virtud de la reestructuración salarial pactada en 2008. Una acordada de la Corte de Justicia y una resolución del Ministerio Público establecen estos vencimientos anuales y sus respectivas cuantías.
Dice el sindicato en un comunicado, que los encargados del pago (funcionarios del gobierno), con anuencia del Poder Judicial y del Ministerio Público, han hecho saber a los trabajadores que “no pueden hacer frente al pago porque no hay plata” y que “la situación financiera de la provincia no lo permite” (los entrecomillados son del comunicado sindical).
Señala también el sindicato que ha mantenido “varias” reuniones con las autoridades con el fin de encontrar alternativas que permitieran concretar el pago, pero que las reuniones fracasaron, “inclusive la del 31 de agosto”.
La convocatoria a asamblea extraordinaria señala un punto alto en la preocupación de los judiciales de Salta sobre el futuro cumplimiento por parte del gobierno de un acuerdo cuya vigencia se extiende hasta el año 2013.
Preocupación por el empleo precario
La Defensora Oficial Civil Nº 4, Natalia Buira, ha dirigido un escrito al secretario general de la Agremiación de Empleados del Poder Judicial y Ministerio Público, Oscar Lafuente, en el que solicita que la asamblea convocada para esta tarde incluya en su orden del día la situación del personal contratado sin estabilidad en el ámbito del Ministerio Público de la Provincia de Salta.En su escrito, Buira reconoce que si bien los concursos convocados para cubrir plazas en las nuevas Fiscalías Penales han atenuado la situación de precariedad laboral reinante en el Ministerio Público, el pase a planta permanente de los agentes contratados ha comenzado con los más recientes, “vulnerando de esta manera el legítimo derecho y legítimas expectativas de contratados con anterioridad y con mucha antigüedad, algunos de ellos de hasta cuatro años a la fecha”.
La Defensora ha instado al sindicato de judiciales a que “efectivice la defensa de los derechos fundamentales vulnerados y conculcados severamente del personal contratado del Ministerio Público”, poniendo especial énfasis en el reconocimiento de la antigüedad de los contratados, y que esta antigüedad no solamente sea tenida en cuenta a la hora de concretarse su pase a la planta permanente, sino que también aparezca claramente reflejada en sus recibos de sueldo y en los registros de personal, “a los fines de los pertinentes ascensos”.
Entiende la defensora Buira que, de no procederse de esta manera, los nuevos agentes permanentes se encontrarían en situación de desventaja -y, por tanto, discriminados- respecto del personal que ha ingresado al servicio con posterioridad a los contratados, pero directamente a la planta permanente.
Buira pide también al sindicato que se comprometa con la reclamación salarial de los contratados del Ministerio Público, que en la gran mayoría de los casos perciben remuneraciones inferiores al salario mínimo vital y móvil.
A estas horas se descuenta que la asamblea extraordinaria de esta tarde dará una respuesta a estos delicados temas.