Legisladores provinciales presionan al ingenio El Tabacal para que readmita a los despedidos

Matías PosadasDespués que el Gobernador de Salta, en un gesto inédito, declarara ayer su apoyo a las exigencias laborales de los activistas sindicales que mantienen cortada la ruta nacional Nº 50 y paralizada la producción de azúcar y energía eléctrica en el ingenio El Tabacal, legisladores provinciales afines al gobierno han salido a ejercer presión para que la empresa en cuestión proceda a readmitir a 57 trabajadores despedidos por razones disciplinarias.

El diputado provincial Matías Posadas, integrante de un frente que apoya explícitamente al gobernador Urtubey, ha exigido esta mañana ante los micrófonos de una radio que “los empresarios se sienten a dialogar y reincorporen a los trabajadores”.

Posadas ha señalado también a la empresa Tabacal Agroindustria, titular de la explotación, como "la mayor responsable del conflicto" y la acusa de actuar de forma irresponsable.

Otro tanto ha dicho esta mañana el diputado provincial por el Departamento de Orán, Antonio Hucena, quien utilizando un lenguaje claramente intimidatorio ha dicho que "la empresa sabe lo que tiene que hacer".

Para Hucena la cuestión es muy clara: “Los trabajadores solo (sic) piden la reincorporación de 57 trabajadores despedidos”.

La complicada tarea de un ministro

Mientras los legisladores oficialistas ejercen presión verbal y política sobre la empresa, un integrante del gobierno, el Ministro de Trabajo Rubén Fortuny, intenta esforzadamente lograr un acercamiento entre las partes, cuyo diálogo se encuentra roto después de que el sindicato decidiera no acatar la conciliación obligatoria dispuesta por la Dirección Regional Salta del Ministerio de Trabajo y Empleo de la Nación y paralizara la producción de la planta mediante una huelga rotatoria.

La tarea de Fortuny se complica innecesariamente por la desafortunada intervención de ambos legisladores, que aparece como claramente encaminada a forzar una inequitativa solución del conflicto, inclinando la balanza a favor de los sindicalistas.

Ignorancia

Posadas y Hucena parten del desconocimiento de la legalidad vigente y de la transgresión explícita de la Disposición 01/12 del Director Regional del NOA del Ministerio de Trabajo la Nación, que el viernes pasado resolvió intimar al Sindicato de Trabajadores del Azúcar San Martín a acatar la conciliación obligatoria dictada por esa misma autoridad el pasado día 21 de agosto y, en consecuencia, cesar las medidas de conflicto adoptadas, bajo apercibimiento de considerar tal conducta sindical como obstructiva de la autoridad laboral e infracción muy grave, en los términos de la ley nacional 25.212.

La empresa El Tabacal, que sí acató la conciliación obligatoria y que ofreció suspender la tramitación de los despidos disciplinarios dispuestos en su día, e incluso admitió estar dispuesta a revisar las sanciones, recuerda que las medidas de fuerza que lleva adelante el sindicato no guardan relación con una legítima reivindicación laboral sino que en realidad están exclusivamente encaminadas a forzar el desistimiento de la empresa de los procedimientos de exclusión de tutela sindical, que afecta a un número indeterminado de dirigentes sindicales. "Esta huelga no se hace para favorecer a los trabajadores sino para asegurar la impunidad de dirigentes sindicales que han cometido delitos", sostiene una fuente cercana a la empresa.

La empresa afirma también que el sindicato pretende imponerle una práctica de "taller cerrado" (closed shop), obligándola a contratar solo personal seleccionado previamente por la organización sindical.

Posadas y Hucena, lo mismo que Urtubey, apoyan estas reivindicaciones y plantean que la empresa desista del ejercicio de sus derechos y renuncie a continuar con las acciones judiciales iniciadas en su día contra dirigentes sindicales incursos en conductas delictivas.

La empresa, por su parte, ha calificado reiteradamente aquellas conductas sindicales como graves y espera que sea un juez el que, a la vista de la prueba, determine si los despidos se ajustan o no a la ley. Todo ello, claro está, si los diputados provinciales respetan el principio de la división de poderes.

El fantasma de la expropiación

Mientras tanto, otro legislador provincial cercano al gobierno provincial -el diputado Pablo Viel- se ha mostrado abiertamente partidario de que el Estado intervenga en la administración de la empresa. No se descarta que alguno de estos legisladores intente apurar la marcha del conflicto con la presentación de un proyecto de expropiación, para obligar así a la empresa a readmitir a los despedidos.