El Ministerio de Trabajo del gobierno provincial de Salta ha difundido hoy una información oficial en la que asegura haber realizado 4.121 procedimientos de inspección en toda la Provincia durante 2013. Esta cifra -según la misma fuente- supone un aumento del 7,25% en relación con la cantidad de inspecciones realizadas el año anterior. También se afirma que en los citados procedimientos se "indagaron" (sic) a 18.770 trabajadores, de los cuales más del 71% se encontraban registrados.
El área de fiscalización de la cartera laboral salteña se ha esmerado también en contabilizar las veces que sus inspectores visitaron las diferentes demarcaciones territoriales de la Provincia. De esta contabilidad surge que fueron 1.248 las veces que los funcionarios laborales visitaron los departamentos de San Martín, Orán, Cafayate, Güemes, Anta, Cerrillos y Rosario de Lerma.
La información oficial indica también que el sector de actividad en donde más empleo no registrado existe es el rural, en donde se ha medido una tasa del 48,46%. Lo siguen los sectores de construcción, gastronomía, pastelería y -sorprendentemente- los de gráfica y televisión.
Otros sectores con una alta tasa de informalidad son los de peluquerías, consultorios médicos y fábricas de ladrillos.
El aumento de las inspecciones y de las 1.248 visitas al interior provincial no han conseguido sin embargo evitar que en 2013 Salta se coloque entre las tres primeras provincias con el más alto índice de informalidad laboral en todo el país. Solo Corrientes (46,5%) y Tucumán (45,9%) superan a Salta (44%) en este deshonroso ranking.
Estas cifras ponen de manifiesto que casi la mitad de las personas que tienen un trabajo en Salta no disfrutan de derechos laborales ni de protección social. No se realizan por ellos aportes jubilatorios, ni de obras sociales; no gozan de protección frente al despido arbitrario, las jornadas excesivas, el trabajo nocturno o insalubre; no pueden sindicalizarse ni negociar colectivamente sus condiciones de trabajo. La mayoría no dispone ni siquiera de un contrato escrito o de un recibo de salarios que les permita acreditar su condición de trabajadores para solicitar créditos o ayudas.