Una diputada provincial denuncia la apropiación indebida del agua de los ríos Castellanos y San Lorenzo

La diputada provincial opositora, Irene Soler Carmona, ha denunciado que vecinos de San Lorenzo y Castellanos padecen constantes cortes de agua y muy baja presión, a causa de que algunos barrios privados y unas pocas familias de la zona poseen tomas de agua privadas sobre el arroyo Castellanos, aguas arriba del lugar en tiene instalada su toma la empresa pública Aguas del Norte.

Según Soler Carmona, los ríos San Lorenzo y Castellanos bajan por una finca que fue subdividida en varios catastros, que tomaban el agua de allí mediante concesiones de riego. Luego la Secretaría de Recursos Hídricos de la Provincia canceló estas concesiones, tras constatar que no existían cultivos que justificaran las mismas, explica la legisladora.

Los vecinos están convencidos que son las tomas privadas y clandestinas las que provocan el desabastecimiento del resto de la población. Según ellos, estas tomas no tienen autorización, y solo el agua que rebalsa o se filtra de las mismas es la que recibe Aguas del Norte para abastecer a todo el municipio de San Lorenzo.

Soler indicó que “esta angustiante situación que vive la zona se agrava en los sectores más humildes del municipio como el barrio Mariano Moreno, que tiene solamente dos horas de agua al día, y donde es económicamente imposible para sus vecinos construirse cisternas de almacenamiento de agua para paliar los cortes de suministro. Las zonas con más suerte logran hasta 5 horas de agua diarias”.

La legisladora ha pedido formalmente a la Secretaría de Recursos Hidrícos que realice las inspecciones correspondientes y compruebe las denuncias de los vecinos. “De constatarse esta ilegal situación debieran tomarse medidas rectificadoras urgentes, porque se estaría afectando un derecho humano como el del acceso al agua, que cuando falta, afecta colateralmente otros derechos como la salud”, ha dicho Soler.

“En la situación de estrés hídrico que afrontamos el agua no puede ser un recurso manejado por los privados a su antojo, sino más bien un recurso de exclusivo manejo del Estado provincial, que debe administrarla con equidad”, concluyó la legisladora.