La empresa Viviendas Salta fue objeto de una sanción administrativa por parte de la Secretaría del Consumidor del gobierno de la Provincia de Salta. Dicha sanción ha consistido en una multa de 6.000 pesos, a la que se suma la obligación de indemnizar al consumidor perjudicado con una cantidad equivalente a 5 canastas básicas para el hogar, conforme establece la vigente Ley de Defensa del Consumidor 22.240.
Las actuaciones administrativas se iniciaron por denuncia presentada por una mujer ante la Secretaría de Defensa del Consumidor en la que se daba cuenta de una operación de compra de una casa prefabricada por un precio total de 8.400 pesos.
Según la información oficial suministrada por el gobierno, la mujer entregó un adelanto de 3.000 pesos en efectivo, más otros 1.000 por unas mejoras de calidad que había solicitado. La empresa le informó entonces que las viviendas iban a aumentar de precio y le ofreció congelarlo a cambio de que abonase el saldo de contado; es decir, renunciando al beneficio del plazo.
La mujer aceptó la oferta de la empresa y desembolsó la cantidad solicitada, pero cuando intentó acordar la entrega se le informó que las viviendas habían aumentado de precio y que tenía que pagar una cantidad adicional de 3.000 pesos, que posteriormente se elevó a 4.000, con la promesa de una entrega inmediata.
La autoridad administrativa consideró irrazonable la propuesta de la empresa y le aplicó las sanciones previstas en la ley, que han sido confirmadas por la Sala V de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Salta.