Diego Saravia y el Frente Grande a favor de negar honores militares a Wehner

El concejal y candidato a diputado nacional Diego Saravia, líder del Partido Frente Grande, ha expresado públicamente su apoyo a la decisión de la ministra Nilda Garré de impedir que el general Rodolfo Enrique Wehner, fallecido en Salta el pasado viernes, recibiera los honores militares que por su alto cargo (general de división) le correspondían. Si bien es cierto que el apoyo de Saravia a esta discutible decisión ministerial es congruente con la posición política sustentada por su partido en materia de Derechos Humanos, no lo es menos que la decisión de la señora Garré se encuentra aún envuelta en una nebulosa jurídica que, por el momento, ha desencadenado un inusual pedido de pase a retiro de la máxima autoridad militar en territorio salteño, el general Jorge Altieri.

Es cierto que Wehner se encontraba sometido a proceso penal por presuntos delitos de privación ilegítima de la libertad cuando se desempeñó como jefe del Regimiento de Granaderos a Caballo y de otras unidades militares durante la última dictadura, y es cierto que el militar, que falleció con ochenta años de edad, estaba a punto de ser juzgado por estos hechos, pero no solo, sino junto con un grupo relativamente numeroso de militares que afrontaban judicialmente responsabilidades similares.

Pero no es menos cierto que el militar estaba alcanzado por la presunción de inocencia y que, en virtud de ella, mantenía su grado y el derecho a los honores que, por su rango, prevé el reglamento militar en caso de fallecimiento. Es por ello sumamente improbable que exista -como se ha sostenido en algún momento- una norma administrativa interna del Ejército, al menos de rango superior a la del citado reglamento, que prohiba rendir los honores fúnebres a presuntos inocentes sometidos aún a proceso judicial.

Si, como se afirma en algún medio de prensa, la "norma previa" que habría invocado Garré prohibe los honores militares a los militares fallecidos "involucrados" en casos de violación a los Derechos Humanos, esta norma sería manifiestamente inconstitucional, no ya por el desprecio que por el Derecho Humano a la presunción de inocencia supondría, sino por crear arbitrariamente la figura del "involucrado", una condición que -a la luz de la casuística judicial- podría adquirir cualquier persona sin necesidad de prueba ninguna.

Se ha conocido también que la ministra Garré, que en los años ochenta fue corresponsable (como asesora del senador Vicente Saadi) del acuerdo que el Senado de la Nación prestó al juez salteño Ricardo Lona, que había sido designado por la dictadura militar, en un arrebato surrealista, prohibió no sólo que el velatorio de Wehner se realizara en instalaciones militares, sino también que el general fuese inhumado con la banda de general de la Nación, con la bandera, con sus medallas y con sus condecoraciones, que nunca le fueron retiradas o revocadas por ninguna circunstancia. Una prohibición que por rozar la esfera de lo íntimo, la familia del fallecido prudentemente ignoró.

Cualquiera haya sido la responsabilidad de Wehner en los años setenta, a la luz de lo sucedido, nadie puede negar que el militar disfrutaba del aprecio de sus camaradas y que el gesto de Garré, bajo pretexto de allanar el honor de un militar o de humillarlo, lo único que dejó patente es su escaso respeto por un hecho tan desgraciado como la muerte.