La petición cursada por Ávila no ha causado poca sorpresa, teniendo en cuenta que sólo una semana atrás Lona fue sobreseído definitivamente por la Cámara Federal de la imputación de un delito de omisión de sus deberes de magistrado, al no haber investigado aquellos crímenes, como era su obligación. No obstante, fuentes judiciales y de activistas de los Derechos Humanos han calificado esta medida como de "amargo sobreseimiento", toda vez que la Justicia no ha podido pronunciarse sobre si el exjuez dejó de cumplir con las obligaciones de su cargo. En efecto, lo que el tribunal de apelación ha determinado es que aquel delito se encuentra alcanzado por la prescripción, mas no que la omisión criminal no se hubiera cometido.Estas fuentes han estimado que es dudoso el "beneficio" que Lona pudo haber recibido por este sobreseimiento que no despeja las sospechas (para algunos, certeza) de que el juez federal del proceso "miró para otro lado" mientras asesinaban a once personas, algunas de las cuales se encontraban bajo su más directa responsabilidad. Es evidente que sólo un juicio plenario y un pronunciamiento absolutorio podrían haber dejado a salvo la rectitud del juez, pero nada de esto ha ocurrido.
La presentación de Ávila fue concretada en la causa conocida como Palomitas II, en la que continúa la investigación de la matanza. El abogado solicita al juez "la ampliación de indagatoria de Ricardo Lona y del policía retirado Andrés del Valle Soraire por hechos por lo cuales aún no la habían prestado, y, en su caso, dada la participación primaria de ambos, o en el peor de los casos la secundaria, se ordene su detención".
Es decir que la situación de Lona frente al proceso Palomitas puede cambiar dramáticamente, en caso de ser estimada la petición de Ávila: De imputado por un delito de omisión de sus deberes de juez, podría pasar a ser imputado por el de homicidio calificado de once personas, no como autor sino como "partícipe necesario e instigador".
Para Ávila, las declaraciones testificales de Mulhall, Gentil, Grande e Issa coinciden en afirmar que el exjuez participó de dos reuniones previas al múltiple homicidio y que el traslado de los presos (el simulacro que se montó para aniquilarlos) se decidió por reiterados pedidos de Lona, quien temía por la "peligrosidad" de los detenidos y la posibilidad de que se produjera algún incidente.
Ávila sostuvo que Lona concurrió a esos encuentros, el primero en la casa de Mulhall y el segundo en su despacho, para pedir que en la primera lista de los que iban a ser "trasladados" se omitiera los nombres de dos detenidos (María del Carmen Alonso y Pablo Outes) con cuyos familiares (que lo consideraban amigo) había adquirido compromisos de no permitir que sufrieran daños.
Según Ávila, Lona instigó la matanza para "hacerse ratificar como juez federal", lo que la dictadura militar hizo, efectivamente, en agosto de 1976. Seis años más tarde, investido de la misma autoridad de juez de facto con competencia electoral, Lona dictaría una serie de controvertidos fallos que permitieron al empresario Roberto Romero hacerse con el control del Partido Justicialista de Salta.