Se trata, ciertamente, de un adelanto que agilizará trámites, eliminará burocracias y colas, aliviará a los asistidos de traslados innecesarios, y simplificará pagos y cobros. La Provincia acreditará mensualmente un mínimo de 50$ en cada tarjeta, importe que aumentará hasta 150$ en función del número de miembros de la unidad familiar.Sin embargo, no eliminará el clientelismo político como vienen sosteniendo los funcionarios del actual Gobierno.
En realidad, el clientelismo político (este horrible vicio que cultivó hasta el infinito el régimen anterior) no se oculta tras el momento del pago de los subsidios y ayudas. Nace y se desarrolla en el momento cuando una persona es ingresada o excluida de las listas de beneficiarios.
Si el señor Urtubey quiere de verdad cumplir con su promesa de acabar con la utilización electoral de la pobreza, debe construir un sistema donde las ayudas sociales se asignen en razón de situaciones objetivas (número de hijos, lugar de residencia, incapacidad laboral, enfermedad, tipo de familia, edad, estado civil, o similares) y eliminando la intermediación del Intendente y otros punteros políticos.
En resumen: La tarjeta social representa un avance, pero no es exacto que elimine el clientelismo político.
Acabar con este flagelo que ofende a la conciencia republicana exige transformar las ayudas sociales en un verdadero derecho de ciudadanía y eliminar la digitación que define el acceso al padrón o que habilita aquella penosa frase vo ya no figurá en la lista con la que el funcionario de ventanilla anunciaba la expulsión del sistema a aquellos que, por uno u otro motivo, habían caído en desgracia a ojos de los visires y otros jerarcas inferiores del regimen que "gerenció" la provincia durante mas de una década.