Según leo hoy en la prensa, un grupo de hombres y mujeres despedidos de sus empleos en el gobierno provincial protagonizó anoche una protesta callejera, cortando la circulación de vehículos en la estratégica rotonda de Limache.Lo llamativo del caso es que las y los trabajadores disconformes se expresaron en estos términos: "Somos más de setenta las familias que estamos afectadas en Salta por esta medida. Aquí estamos mujeres embarazadas, madres solteras y padres con hijos discapacitados. Todos fuimos incorporados por la actual gestión de gobierno en abril de este año".
Y las preguntas que es inevitable formularse son si las condiciones de "mujer embarazada" o de "madre soltera" forman parte del desarrollo normal de la vida de una persona o si, por el contrario, constituyen situaciones de "especial vulnerabilidad". O si ¿Tienen, la sociedad o el Estado, la obligación de acudir en ayuda de madres solteras y mujeres embarazadas por el solo hecho de serlo?
Para precisar aún más el interrogante: ¿Cabe -en términos de vulnerabilidad social- equiparar la situación de una mujer embarazada o una madre soltera a la de un padre (o una madre) con hijos discapacitados?
Hay un pequeño matiz que la crónica periodística omite, quizá porque los interesados no han acertado a presentar su situación a la opinión pública del modo más eficaz posible. Y es que la vulnerabilidad de estas personas no deriva tanto de su condición de "mujeres embarazadas" o de "madres solteras" como de su calidad de personas pobres, carentes de mayores recursos.
La atención de los poderes públicos y la simpatía social no tendría por qué justificarse en los hechos naturales del embarazo o de la maternidad. Es suficiente acudir en ayuda de estas personas porque han sido desplazados injustamente de los puestos de trabajo que ocupaban y porque con ello (o sin ello) se ha agudizado su situación de carencia o de pobreza.