Silvia Varg de Nioi y Alicia Ramos, por la Municipalidad, y María Julia Palacios y Violeta Carrique por la UNSa, fueron recibidos por los diputados Manuel Santiago Godoy, Cristina Lobo, Luis Mendaña y Pablo López.Ambas instituciones manifestaron en un escrito su apoyo irrestricto a la ley y exigieron su correcta aplicación, con los procedimientos e implementación de políticas públicas que la misma establece. Asimismo, demandan un mayor y mejor servicio de justicia, mediante la forma técnicamente adecuada a la efectiva protección de las víctimas y que se cuente con los equipos profesionales y los medios necesarios para evaluar riesgos y proteger a las personas cuando los conflictos ya se han judicializado.
En este sentido, el diputado Manuel Santiago Godoy expresó -por las dudas no lo supieran las mujeres asistentes a la reunión- que desde la sanción de la norma se crearon dos juzgados de familia y destacó la importancia de que desde la justicia se cumpla acabadamente por lo establecido por ley; además, señaló que no ingresó a la Cámara baja ninguna propuesta del Poder Judicial referida a alguna modificación. Por otra parte, aseguró que es imprescindible contar con equipos interdisciplinarios que atiendan a la víctima a fin de que se evalúe correctamente la situación antes de iniciar el proceso judicial. Godoy se comprometió a presentar un pedido de informes al Poder Ejecutivo Provincial a fin de conocer la situación del programa de Violencia Intrafamiliar.
Varg de Nioi destacó el compromiso de las instituciones y las organizaciones no gubernamentales para abordar la problemática de violencia de género, al tiempo que requirió el efectivo cumplimiento de la legislación vigente teniendo en cuenta la necesidad de articulación entre los poderes del Estado.
Palacios, por su parte, señaló como situaciones urgentes a resolver "la capacitación de jueces y juezas" en la problemática de violencia contra la mujer; capacitación en la que debe incluirse "la perspectiva de género".
En otro tramo de la presentación de las instituciones se exige: el adecuado funcionamiento del Programa VIF con la finalidad con que fuera creado: articular la labor de dependencias policiales (Seguridad), Centros de Salud (servicio médico y psicológico), Educación (formación en resolución pacífica de conflictos) y Justicia; y la no utilización del sistema de mediación en los casos de violencia de género, en virtud de la situación de vulnerabilidad de la víctima.
Por último, los legisladores se comprometieron a convocar a una reunión al Secretario de Seguridad de la Provincia a fin de trabajar en forma conjunta.