El proyecto contempla que los equipos estarán conformados por profesionales de la salud (psicólogos, asistentes sociales y abogados, especializados en violencia familiar) y que cada Municipio de Salta cuenta con la cantidad de equipos "que resulten necesarios de acuerdo a su población o necesidades específicas".De aprobarse esta ley, los equipos interdisciplinarios trabajarán en forma conjunta con la Policía de la Provincia, que estará obligada a contactar con el equipo interdisciplinario competente por razón del territorio para informarle, en forma inmediata, de "todo caso de violencia familiar que sea puesto en su conocimiento".
Los equipos prestarán asesoramiento a los denunciantes sobre las vías judiciales y extrajudiciales a su alcance, e intervendrán en forma inmediata, "constituyéndose en el domicilio del denunciante, o en el lugar del hecho de violencia". Asegurarán la rápida asistencia médica en caso de ser necesaria, constatando las lesiones, y principalmente deberán efectuar un diagnóstico preliminar del grado de riesgo, elaborando un informe sobre el grupo familiar y la gravedad de la situación. De lo actuado se labrarán constancias por escrito, que se elevarán al juez interviniente a fin de que cuente con los elementos necesarios para tomar las primeras medidas.
En los fundamentos del proyecto su autora expresa que, con la actuación de los equipos, se evitarán muchas situaciones que actualmente crean conflicto social y "abarrotamiento judicial". Entre ellas, el progreso de las denuncias evidentemente improcedentes y las exclusiones innecesarias de hogar -que muchas veces producen quejas de las mismas denunciantes-. Pero por sobre todo se evitará que, en el cúmulo de causas en trámite, pueda el juez no advertir adecuadamente las situaciones de riesgo grave, como ha pasado lamentablemente en algún caso.
Cornejo sostiene que el proyecto de Ley "se ha confeccionado sobre la base de lo manifestado por diversos actores y los datos estadísticos proporcionados por la Corte de Justicia". En tal sentido, prevé que el Poder Ejecutivo deba "acondicionar" los diferentes programas con actuación en violencia intrafamiliar de manera que no se superpongan tareas y erogaciones. Para ello, los profesionales actualmente designados podrán ser asignados al Programa de Equipos Interdisciplinarios. También deberá coordinar su actuación con el Ministerio Público.