La psicología subyacente a este movimiento es muy curiosa y digna de un estudio profundo y especializado. Si no, veamos.La "autoridad moral" que proclama Urtubey para pretender apartar a Romero del control del Partido Justicialista y de sus cuentas corrientes, proviene de un acto de idéntica naturaleza ético-política que el acto que hoy el gobernador censura en su oponente.
El gobernador se vale de términos mucho más simples para explicar su postura. Afirma que "tiene autoridad" para juzgar como "inconducta" partidaria el apoyo del presidente del PJ a la candidatura de Wayar (es decir, a un candidato extrapartidario) porque él mismo (Urtubey) incurrió en idéntica inconducta y fue por ello sancionado por la conducción oficial del Partido Justicialista.
O sea, que la particular "autoridad" del gobernador no nace -según él mismo- de su comportamiento rectilíneo, de su inobjetabilidad ética, sino, paradójicamente, de su anterior "inconducta" partidaria, saneada posteriormente por su estruendosamente aplaudido regreso a la amplia "casa común".
Salvando todas las distancias posibles, la situación es parecida a la de un juez que ha sido condenado por cohecho, y que, una vez rehabilitado, argumenta poseer "mayor autoridad moral" para juzgar los cohechos de sus pares, no tanto ya por ser juez, sino por haber sido reo y condenado. No es el diablo que sabe más por viejo que por diablo, sino el que sabe más por diablo que por viejo.
Así se desprende de la noticia que publica hoy Nuevo Diario de Salta y que da cuenta de que los apoderados del Partido Justicialista, Rodolfo Urtubey (h) y Aníbal Anaquin, solicitarán al tribunal de disciplina del Partido Justicialista de Salta que analice la situación del presidente y el tesorero, Juan Carlos Romero y Víctor Manuel Brizuela.
La voz cantante en este tema la lleva el señor Daniel Jesús Isa, frustrado candidato a diputado nacional, que tras cerrar filas con el mismo oficialismo que le obligó a declinar su postulación, considera ahora que al senador Romero y a su exministro Brizuela les cabe como sanción la expulsión del partido "o por lo menos la suspensión de la ficha de afiliación, como ocurrió en el 2007 cuando Urtubey y otros afiliados justicialistas decidieron participar de las elecciones en el Frente para la Victoria".
La comunicación de Isa insiste en el carácter "antiperonista y desleal" de la actitud de Romero, lo que -leído en armonía con la comparación que surge del párrafo anterior- equivale a calificar también como "antiperonista y desleal" la actitud de propio Urtubey cuando en 2007 decidió voluntariamente enfrentar al Partido Justicialista de Salta, revelando -quizá también- el mismo "stalinista desprecio por todo tipo de normas".
Prosigue diciendo aquella carta que "haciendo caso omiso a la desautorización contundente del conjunto de Partido, estas personas, revelando un stalinista desprecio por todo tipo de normas, se lanzaron a la construcción de otro partido, de profunda raigambre antiperonista y desleal opositor a las autoridades nacionales del Partido y los Gobiernos Nacional y Provincial".
Isa señala que "levantaron la candidatura de otro miembro del Consejo, que tampoco tuvo la delicadeza de renunciar, acompañado por incautas ciudadanas no afiliadas", "Quienes creen que los intereses de la Provincia son los de sus empresas y que tienen más hectáreas y acciones que afiliados, tienen todo el derecho de agruparse políticamente y formar una nueva Unión Provincial de nuevos ricos y advenedizos, aunque sin la prosapia de aquellos.
Pero no pueden hacerlo en nombre del movimiento nacional peronista ni del Partido Justicialista, que desde sus orígenes es y será el partido de los humildes, los trabajadores y la justicia social" Termina diciendo que "la inconducta es manifiesta y, de no mediar una inmediata renuncia a los cargos partidarios, el Tribunal de Disciplina debe cumplir con sus funciones".