
"En la comisión de educación, algunos diputados argumentaban que este proyecto se podría tratar más adelante, teniendo en cuenta que el ministro de educación estaría la próxima semana en la cámara de diputados. También cuestionaban que la asamblea provincial no tiene personería jurídica y un sinnúmero de argumentos que daba cuenta que no estaban dispuestos a aprobar este proyecto", dijo Poblete.
Yendo más al fondo del asunto, la diputada dijo que la actitud de sus pares "pone en claro que el gobierno está decidido a aplastar a la asamblea provincial docente, porque ha sido la única que ha podido voltear a la burocracia sindical". "Con esto se ataca a los trabajadores porque pretende disciplinar a todos y que ninguno se organice por fuera de los gremios", añadió Poblete.
Otro error del gobierno
Existen ocasiones en que la posición del gobierno es indefendible en el Parlamento. En el caso del descuento de los días no trabajados por huelga, la espantada de los legisladores oficialistas ha hecho perder al gobierno y a sus aliados parlamentarios una oportunidad irrepetible para lucirse con la razón jurídica (el que los días no trabajados por huelga no deben ser remunerados de ninguna forma).
Pero el gobierno es una cal y otra de arena, por lo que al lado de un criterio jurídico elemental, coloca un criterio administrativo propio de una verdulería mal organizada y practica los descuentos bajo el código de "inasistencia injustificada".
Por supuesto, a ningún huelguista, sea autoconvocado o no, le va a caer bien que le digan que su ausencia los días de huelga no tiene justificación.
Si alguna ausencia está perfectamente justificada desde el punto de vista constitucional, ésta es la que se produce por la adhesión a una huelga legal. El "código" que debió utilizar el liquidador de sueldos fue el de "huelga", pero es muy dudoso que esta circunstancia esté prevista en los programas informáticos que utiliza el gobierno para calcular los sueldos de sus asalariados. Y no lo está, porque el gobierno sigue creyendo en que la huelga (un derecho constitucional) es una "enfermedad" que rompe con la "armonía" que debe existir entre el capital y el trabajo.
Lo más grave, es que las "inasistencias injustificadas" se acumulan y pueden dar lugar a sanciones disciplinarias. Aquí es donde los sindicatos y no sindicatos deberían dar la batalla y no exigir que le paguen los días trabajados. Si algún docente resultara sancionado por faltas injustificadas reiteradas a su trabajo, y en el cómputo se incluyeran los días de huelga, el escándalo jurídico podría ser mayor, y las responsabilidades del ministro y hasta la de los administradores de personal, serían sumamente graves.
En cuanto a la exigencia de que los días trabajados sean pagados efectivamente, bastaría a los docentes decir cuál es el derecho que les asiste para cobrarlos. Como ese derecho no existe, la insistencia de los docentes en la devolución de estas cantidades lo único que hace es rebajar la dignidad de su lucha, que es mucho más loable y respetable cuando es su propio sacrificio personal el que cimenta su lucha y no el uso "chaleco antibalas" que supone las huelgas pagadas por la patronal.