En los considerandos del decreto se expresa que existe una evidente incompatibilidad entre el proyecto sancionado y la situación declarada por la Ley Nº 6.583, referida a la emergencia económica y administrativa de la Provincia, que aún se encuentra vigente. Esta norma ha sido objeto de sucesivas prórrogas con el fin de "evitar los riesgos que implicaría salir de la actual situación jurídica, sin contar con un nuevo marco legal que le permitiese al Estado el cumplimiento de los cometidos propios".En otro apartado de la motivación del decreto, el gobierno señala que en el proyecto de ley y en los debates parlamentarios que le precedieron -según versiones taquigráficas de las sesiones de fecha 13/11/07 y 15/11/07- no se explicitó cuáles serían los motivos que justificarían la derogación del artículo 19 de la Ley Nº 6.583 en exclusivo beneficio de los agentes del Poder Judicial y de la Procuración General. A juicio del gobierno, esta medida comportaría la exclusión de tal beneficio a todo el resto del personal de la Administración Pública y del Poder Legislativo, también comprendidos en la citada normativa.
Para el Poder Ejecutivo, el proyecto de ley sancionado vulnera el principio constitucional de igualdad ya que consagra "un régimen privilegiado a favor de una fracción de empleados del Estado, en detrimento comparativo con el resto de los asalariados del sector público".
Los considerandos incluyen una referencia positiva a los empleados judiciales (de 'loable' se califica su tarea) y a sus "legítimas aspiraciones gremiales", pero al mismo tiempo consideran que estas aspiraciones no constituyen derechos absolutos que estén por encima del interés general.
Por su parte, el Sindicato de Empleados Judiciales realiza una asamblea para decidir las acciones a seguir frente al veto de la ley. Mientras tanto, la secretaria adjunta del sindicato, Ema Beccari, habló de versiones infundadas para referirse a los estudios económicos y cálculos que aseguran que el enganche judicial significaría una fuerte erogación para el Estado Provincial.
El presidente de la Cámara de Diputados de Salta, Manuel Santiago Godoy, informó a la prensa que el veto a la llamada ley de 'enganche judicial' no será tratado por la Cámara en la sesión convocada para el día de hoy. Godoy considera que esta cuestión podría ser tratada después del próximo 10 de diciembre, "cuando se puedan analizar los números, con presupuesto en mano". El presidente anticipó que los diputados estudiarán "con tiempo" el asunto y que la Cámara dispone de 45 días para pronunciarse sobre esta cuestión.