Los autores de la iniciativa consideran que la transferencia a la Nación del sistema provincial de jubilaciones y pensiones, concretado en 1996 mediante la ley provincial 6.818, supuso la pérdida de un "derecho importante que tenía la ley provincial, que es el cobro del 82% móvil" y es por ello que se proponen, mediante esta iniciativa legislativa, acercar las rentas actuales que perciben los jubilados a las que hubieran podido percibir de continuar en vigencia el fenecido sistema provincial.Según estimaciones de los autores del proyecto, son aproximadamente unos 16.000 jubilados los que se encuentran en esta situación. Éstos deben ser compensados por el Estado provincial salteño -sostienen- porque "la media de los haberes previsionales en enero de 1996 era de, aproximadamente, 690$, con un tope de 2.601$, mientras que a partir de diciembre de 2004 el tope se ha elevado a 3.100$"
Como suele suceder en iniciativas de estas características, el proyecto no aporta muchos datos acerca de la cantidad que debería desembolsar la Provincia para en el caso de que la Ley le obligara a "compensar" a 16.000 jubilados por 11 años de desfase en sus rentas y cuál sería su fuente de financiación. El artículo 2º del proyecto se limita a decir que "la erogación que demande el pago de la asignación establecida en el artículo 1º de la presente Ley será imputada al Presupuesto General de 2007". Tampoco se aclara qué otras asignaciones presupuestarias serán recortadas y qué áreas o servicios públicos resultarán afectados para poder pagar la citada "asignación".
En un comunicado de prensa difundido por el bloque "Re-Innovador" de diputados, se expresa que "los jubilados de todo el país han sido y son la variable de ajuste de todas las aventuras de los gobernantes" y que "la inopia y el pago de haberes de subsistencia (...) pone en tela de juicio la verdadera naturaleza del ejercicio del poder".