Este proyecto recibió la sanción del Senado salteño el pasado día 23 de agosto y es, a juicio de los autores de la iniciativa de veto, un "gravísimo hito en la larga historia de injusticias y arbitrariedades que ha tenido como víctima al Colegio Profesional de Enfermeros de la Provincia desde el día en que se supo quiénes habían ganado las primeras elecciones".La diputada Cornejo alude al triunfo de la Lista Naranja, opuesta al influyente dirigente sindical Eduardo Abel Ramos, a quien casi todos señalan como el impulsor de la suspensión de la Ley 7.531.
{sidebar id=9}De acuerdo con los renovadores, "el primer movimiento en contra del Colegio fue realizado por la propia Junta Electoral" designada para controlar el proceso de elección de autoridades. Sostienen también que esta junta actuó en coordinación con el ministro de aquel momento, y que entre ambos "intentaron anular todo el proceso eleccionario que ellos mismos habían dirigido desde el principio".
El comunicado difundido por la oficina de prensa de Cornejo continúa diciendo que las autoridades electas tuvieron que transitar tres procesos judiciales para que la Justicia pusiese las cosas en su lugar.
Asumieron después de todo ese esfuerzo y el Ministerio de Salud siguió dificultando su tarea, de diversos modos. En primer lugar, demorando la reglamentación de la ley. Negándoles el acceso a los legajos de los enfermeros. Absteniéndose de instruir a sus empleados que debían cumplir la ley y por tanto colegiarse.
Por otra parte, se orquestó una importante campaña de desprestigio del Colegio y de sus autoridades, utilizando el rumor y la mentira desembozada para desinformar a los enfermeros. De esta manera, se logró que muchos de éstos no concurrieran a colegiarse como era su obligación legal y que se creara una situación de conflicto inflada por aquellos a quienes les era funcional.
Las autoridades del Colegio mostraron su total predisposición al diálogo. A pesar de que no les era en modo alguno exigible, se pusieron formalmente a disposición de la Comisión de Salud de esta Cámara, para llegar a consensos que les permitieran llevar adelante su tarea institucional en un marco de normalidad. El día 31 de agosto, sin embargo, apareció súbitamente el proyecto cuyo veto aquí se pide, y se aprobó sobre tablas ese mismo día.
Llegado al Senado el Proyecto, pasó absolutamente lo mismo: las autoridades del Colegio mostraron su predisposición, pero no les sirvió de nada.
La diputada Cornejo señaló que de promulgarse este proyecto, se convertirá en ley. Y será una ley vergonzante para Salta. No sólo por su contenido, en el que los poderes políticos del Estado se atribuyen la facultad de "dejar en suspenso" una ley, facultad ésta que no surge en modo alguno de la Constitución, sino también por la forma abusiva en que ha sido sancionada, y porque resulta absolutamente irrazonable: no había ninguna necesidad de suspender la ley (y menos por un lapso tan largo) para revisarla.
La Legislatura por su parte, tiene todo el derecho de revisar todas las leyes que ha dictado, y de crear todas las Comisiones que quiera, pero siempre debe actuar respetando el marco de sus atribuciones constitucionales. Muchas organizaciones intermedias y colegios profesionales se han solidarizado con el Colegio de Enfermeros, dado que interpretan que la suspensión de la ley 7351 es, además de una aberración jurídica, un funesto precedente que pone en riesgo la seguridad jurídica de todas las instituciones de ese tipo, las que quedarían sujetas a las conveniencias políticas de quienes circunstancialmente ocupan los espacios de poder.
"Hoy está en manos del Sr. Gobernador consolidar esta injusticia o dejar en alto la imagen de nuestra Provincia"- destacó la diputada Cornejo.