El justicialismo, con la presencia de Manuel Santiago Godoy como presidente del cuerpo, llegó a los 31 legisladores necesarios para sostener la sesión. De esta manera, la Cámara de Diputados autorizó al Poder Ejecutivo a disolver las empresas, que pasarán a la administración central. La iniciativa era rechazada por la oposición, que reclamaba el acceso a los estados contables de las sociedades, antes de que volvieran al Estado.
{sidebar id=9}En tanto, en la Cámara Baja ya se había generado un nuevo escándalo, cuando se estaba tratando la aprobación del acta de Labor Parlamentaria y la diputada renovadora Fanny Velarde pidió la vuelta a comisión de la iniciativa. Cuando se estaba sometiendo a votación la propuesta de la legisladora, los justicialistas estaban distraídos, por lo que olvidaron levantar su mano para rechazarla.
Cuando Godoy consideró rechazada la moción de Velarde se generó indignación por parte los diputados opositores, que aseguraron que la propuesta había sido aprobada.
El presidente de la Cámara quiso rectificarlo y someterlo nuevamente a votación pero la oposición planteó que la cuestión ya estaba resuelta. Además, explicaron a Godoy que para tratar nuevamente la moción, necesitaba un pedido de "reconsideración", lo que requiere el voto de dos tercios del cuerpo.
No obstante, haciendo caso omiso a las solicitudes, el presidente del cuerpo volvió a someter la propuesta a votación y esta vez los justicialistas la rechazaron. La sesión continuó sólo con los justicialistas dentro del recinto.
En cuestión de minutos, se autorizó la disolución de las sociedades del Estado, se aprobó un proyecto del Ejecutivo para declarar de interés provincial la protección de los recursos naturales paisajísticos, se sancionó la creación de un monumento que marque el cruce del trópico de Cáncer en Orán y se suscribió la creación del Banco de Prótesis, Elementos de Osteosíntesis, Tutores Externos, Ortesis y Ferulas.
Esta última iniciativa fue sancionada sin que su autor, el renovador Fabián Vittar, se encontrara en el recinto.
Por otra parte, se rechazó el proyecto del diputado Antonio Marocco (Partido de la Victoria) tendiente a que la empresa Aguas de Salta no continúe cobrándole el servicio a los terrenos baldíos no conectados.