La ética pública en la versión de Horacio Verbistky

La senadora nacional Sonia Escudero desmintió ayer con rotundidad cualquier relación suya o de su esposo con un consorcio de empresas australianas que tendría propiedades rurales en territorio de la Provincia de Salta. Sonia Margarita Escudero, senadora nacional por SaltaLa osada afirmación partió del periodista Horacio Verbitsky y fue publicada en la edición del pasado 20 de julio del matutino porteño Página 12. En un artículo firmado por Verbitsky se sugiere que la senadora salteña habría "violado la ley de Ética Pública" al votar en contra de un proyecto que "hubiera mermado sus ingresos". El polémico periodista arriba a la conclusión de que los supuestos terratenientes australianos estarían vinculados con la senadora Escudero por el solo hecho de que su marido, Kenneth Warren Reed, es oriundo de aquel país.

La respuesta de la senadora por Salta no ha sido ni mucho menos suave: "La imputación de un conflicto de intereses, por el sólo hecho del país de nacimiento de mi esposo, aparece como una actitud racista y xenófoba lo que sorprende atento a la línea editorial seguida por el matutino desde su aparición".

Escudero aclaró que "Ni mi esposo ni yo tenemos ni hemos tenido vinculación alguna con el supuesto consorcio australiano que, según consta en la nota, sería propietario de 42.000 hectáreas en la provincia de Salta". "El único vínculo que me une a Australia es la familia con la que Dios me ha bendecido", dijo la legisladora.

La senadora considera que la publicación porteña "está difamando el prestigio y buen nombre de una legisladora de la Nación" y que si bien siempre ha defendido la libertad de prensa "como uno de los pilares del Estado democrático actual", esta libertad tiene un límite cuando se difunden datos inexactos.

En la nota de Verbitsky se deja entrever también que la supuesta relación del matrimonio Reed-Escudero con el consorcio australiano con inversiones en Salta era una de las "armas secretas" que tenía el senador Pichetto, jefe del bloque de senadores kirchneristas, para chantajear a los senadores que habían adelantado, de un modo o de otro, su voto negativo a la iniciativa gubernamental.

Paradójicamente, este anunciado chantaje no es valorado por Verbitsky como una transgresión a la ética pública.