En la maratónica y ya famosa sesión del H. Senado de la Nación de fecha 16 y 17 de julio de 2008, la senadora nacional por Salta doña Sonia Escudero realizó una interesante exposición al fundar su voto negativo y acorde con los intereses sustantivos de nuestra Provincia. Insertamos a continuación la versión taquigráfica de aquel discurso. Sr. Presidente. - Tiene la palabra la señora senadora Escudero
Sra. Escudero. - Señor presidente: yo no soy productora agropecuaria ni dueña de campo; no estoy en contra de las retenciones, pero tampoco he visto en la protesta del campo ningún indicio destituyente.
Quienes estuvimos aquí en diciembre de 2001, en plena crisis, vimos cómo la mega devaluación, el dólar alto y e sistema de retenciones permitieron la salida del país, la sustitución de importaciones, la generación de trabajo, la vuelta de financiamiento a un Estado que había quedado desfinanciado y la posibilidad de financiar los planes sociales.
Ese modelo nuevo lo continuó el presidente Kirchner que, incluso, mantuvo durante algunos años al mismo ministro de Economía del ex presidente Duhalde. Y esto venía funcionando pacíficamente en el país. Entonces, ¿qué es lo que hizo estallar la Resolución 125? Creo que la Resolución 125 hizo estallar una luz roja, una luz de alarma que la entiende el quiosquero de la esquina y es que un funcionario sin responsabilidad política -porque no ha sido elegido por el pueblo- puede de golpe, un día, con su firma, apropiarse de la renta del trabajo de cualquier trabajador; porque hoy fueron los productores y mañana será otro trabajador u otro productor. Me parece que esa es la primera discusión de qué es lo que está en juego como modelo hacia el futuro en este debate y en este Congreso.
El principio de legalidad nació allá lejos, en 1215, con la Carta Magna de Inglaterra. No hay impuestos si no hay un debate y una aprobación por parte de los representantes. Entonces, lo que aquí hay que determinar es qué son estos derechos de la exportación. La situación es clara. El artículo 75, inciso 1), dice que compete al Congreso Nacional fijar los derechos de exportación e importación.
El Senado escuchó la semana pasada la posición de dos constitucionalistas. Por un lado, el doctor Sabsay dijo que son tributos, son impuestos, y no son delegables. Y esta reserva constitucional ha sido sostenida por jurisprudencia uniforme y unánime de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La otra posición, más flexible, la tuvo el doctor González Arzac, que dijo: No, estos sí son tributos, pero no son impuestos; por lo tanto, son delegables, porque son materia de administración y entrarían dentro de lo que establece el artículo 76 de la Constitución Nacional".
Pero, entonces, la norma que aprobó la Cámara de Diputados no es constitucional, porque si vamos a la norma que sostiene la Resolución 125, que es el Código Aduanero, veremos que es una delegación de facultades efectuada con anterioridad a la reforma constitucional de 1994.
Toda esa legislación delegatoria, sin ajustarse a la nueva reforma constitucional, ha caído, de acuerdo con nuestra propia sanción de la Ley 26.135, de agosto de 2006. Nosotros hemos prorrogado por tres años toda esa delegación sobre materias determinadas de administración que expresamente se establecieron en el artículo 2°, en donde no están los derechos de importación y de exportación.
Entonces, si nosotros queremos darle la herramienta al Poder Ejecutivo -porque, atento a la escalada de precios de los alimentos, en este momento es importante para mantener un precio razonable de éstos en el mercado interno--, lo que tendríamos que hacer es incorporar los derechos de exportación al articulo 2° de la Ley 26.135. De esa manera, estaríamos tomando una posición interpretativa y le estaríamos dando al Poder Ejecutivo una herramienta útil que, a lo mejor, podría pasar el análisis que en su momento hará la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Otro de los temas que mencionaron aquí mis comprovincianos, con respecto a la provincia de Salta pero que es absolutamente uniforme, es que la norma que aprobó la Cámara de Diputados ha borrado una distinción que la norma del Poder Ejecutivo sí contemplaba. Me refiero a la distinción entre provincias pampeanas y provincias extrapampeanas. Porque el nivel de retenciones no es igual para el que produce en la Pampa Húmeda que para el que produce en el Norte argentino, pero lamentablemente eso ha sido borrado.
No es lo mismo producir 300 hectáreas de soja en la Pampa Húmeda que producirlas en la provincia de Salta, con 47 grados de calor a la sombra, sin infraestructura y con un costo de servicios impresionante, porque las cosechadoras y las sembradoras vienen de la provincia de Santa Fe y son servicios que tiene que pagar el productor.
Entonces, la consecuencia de la norma aprobada por la Cámara de Diputados es confiscatoria para la provincia de Salta; deja absolutamente fuera de juego a los pequeños productores. Se ha tenido en cuenta solamente lo que es el promedio del país, que es justamente la Pampa Húmeda. Eso lo han repetido también los senadores que representan a las provincias del Chaco y de Mendoza. El Norte argentino es una región postergada del país.
Me gustó también una de las intervenciones de los intelectuales, cuando mencionó que, en realidad, lo que se discute aquí no son unos puntos más o unos puntos menos en las retenciones. Yo coincido con eso. Aquí se discute el tema de la pobreza. Aquí se discute el tema de la redistribución de la riqueza. Y en lo que respecta a la injusticia en la Argentina, en cuanto a la distribución de la riqueza, mi provincia tiene mucha experiencia. Basta mirar los índices de pobreza y de desempleo; basta mirar los índices de inversión.
¿Qué recursos tienen las provincias? Los recursos del presupuesto nacional. Voy a repetir lo que cada año digo desde mi banca cuando debatimos la ley de presupuesto y hacemos una comparación que puede parecer odiosa, pero que refleja justamente las inequidades.
Presupuesto 2008. Gasto por habitante por provincia. Provincia de Santa Cruz: 6.734 pesos; provincia de Salta: 1.639. Monto destinado a obra pública, por provincia y por habitante. Santa Cruz: 920 pesos; Salta: 122 pesos.
Y si cruzamos esos datos con los índices de pobreza de los conglomerados urbanos, veremos lo siguiente. Conglomerado urbano de Río Gallegos. Pobreza: 4,1 por ciento; ciudad de Salta: 33, 4 por ciento. Esa es la equitativa distribución de los recursos nacionales en el país.
¿Qué otros recursos tenemos las provincias? Contamos con la Coparticipación Federal, y aquí ya se habló bastante de este tema. Y, entonces, a medida que avanzamos en la suba de las retenciones, que es la exacción cada vez mayor de lo que producen las provincias -justamente por motivos con los que coincido en forma absoluta-, se produce otro efecto: como baja el precio al interior, baja la ganancia; como baja la ganancia, disminuye el impuesto a las ganancias y los otros tributos provinciales, que son también los otros recursos de las provincias, de manera que aquí, las provincias estamos perdiendo nuestros recursos.
Entonces, se da la paradoja de que provincias pobres que producen soja -lo cual les estaba dando una salida- terminan financiando a provincias más ricas y, también, a un Estado nacional que es absolutamente superavitario.
Dada esta situación, con fecha 10 de abril -y ya producido el conflicto-, presenté un proyecto como propuesta, que está registrado bajo el número de expediente 824. Yo estoy de acuerdo en que hay que conservar este desacople de precios, para mantener los alimentos a precios razonables dentro del país; pero como es necesario seguir acumulando capital y reservas en la Argentina -porque hace cinco años que salimos del default y tenemos que cumplir con nuestros compromisos- y, además, como este sistema nos está llevando a una mayor concentración de recursos en el Estado nacional, propongo que con el 40 por ciento de las retenciones se constituya un fondo federal de desarrollo equilibrado.
De ese 40 por ciento, el 20 por ciento tiene carácter devolutivo, es decir, vuelve a las provincias en proporción a su contribución. Eso es muy importante. Si no vuelve a las provincias algo de lo que ellas generan, se desincentiva la inversión, y ese fue el gran fracaso económico de la Unión Soviética. El otro 20 por ciento se distribuye conforme los índices de pobreza, porque tenemos una ocasión extraordinaria para la Argentina a fin de lograr un país más equilibrado. Entonces, a mayor pobreza, a menor grado de educación, a mayores índices complicados de salud, mayor inversión con ese otro 20 por ciento, con criterios objetivos.
Considero inaceptable el proyecto que aprobó la Cámara de Diputados, ya que establece mezquinamente que sólo con este mayor incremento de las retenciones se harán obras en las provincias. Se trata de obras que son de competencia de las provincias y, además, no tienen ningún criterio objetivo de distribución. Los criterios deben ser conforme a los índices de pobreza, de necesidades de desarrollo, de lejanía de los puertos.
Otro gravísimo defecto que tiene el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados es que no universaliza la compensación de los fletes. Le da compensación de fletes solamente a la soja. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos "desojizando"?
Lo que tenemos que hacer en estas provincias lejanas a los puertos es compensar los costos de los fletes a todos los pequeños productores. Esa sería la única forma de cumplir realmente con los que decimos que son nuestros objetivos.
Voy a insertar el resto de mi discurso, pero quiero terminar con una anécdota. Estábamos en 2004, en una reunión entre Alemania y la Argentina, y los alemanes querían saber si íbamos a pagar la deuda. Los argentinos les reclamábamos por los subsidios al agro. Un diputado alemán me contestó: "Lo que es bueno para mis campesinos es bueno para mí". Y Alemania me parece un país en serio.
