De esta forma, la Corte confirma el fallo dictado en su momento por la Cámara Federal de Apelaciones de Salta que había desestimado los recursos extraordinarios de los ex militares procesados en los que se solicitaban la excarcelación mientras se sustanciaban las causas en las que están procesados. La Corte ordenó además requerir a la justicia federal salteña para que "extreme los recaudos necesarios y pertinentes para imprimir celeridad a los procesos que se le siguen a los imputados".
En esta causa penal se investiga el hecho ocurrido el 6 de julio de 1976 por la noche, cuando una comisión de fuerzas de seguridad retiró a once detenidos de la Cárcel Penitenciaria de la Provincia de Salta, de un sector especialmente destinado al alojamiento de presos políticos, y posteriormente los asesinó a mansalva en el paraje güemense de Palomitas.
A Mulhall, por entonces jefe de la guarnición militar de Salta con el grado de coronel del Ejército, se le atribuye la autoría de dicho suceso por resultar "responsable de la decisión de cometer el delito como jefe del sistema organizado". A Espeche se le atribuye haber retirado a los detenidos de la cárcel sin firma alguna de recepción, invocando la autoridad militar a la que estaba sometido el servicio penitenciario.
En el caso del primero, los ministros Ricardo Lorenzetti y Eugenio Zaffaroni, con remisión al dictamen del procurador fiscal, consideraron que no existía cuestión federal suficiente que habilite la competencia de la Corte, ya que el mantenimiento de la prisión preventiva en su domicilio particular, en razón de las graves transgresiones a los derechos humanos que se le atribuían al recurrente, no resultaba violatorio de sus garantías fundamentales.
Los ministros Enrique Petracchi, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda consideraron que la presentación resultaba "inadmisible".
En el caso de Espeche, Lorenzetti, Highton de Nolasco, Maqueda, Zaffaroni y Petracchi coincidieron que el recurso es inadmisible.
Contra el juez Medina
Organizaciones de Derechos Humanos escarcharon al Juez Federal Nº 2 de Salta Miguel Medina y a la Cámara Federal de Apelaciones por beneficiar al ex jefe de Inteligencia de la Policía, Joaquín Guil, con la prisión domiciliaria. Ésta medida fue acordada en su día por la Cámara en atención a la edad y estado de salud del ex policía.
Fernando Pequeño, nieto del desaparecido ex Gobernador Miguel Ragone, dijo que mientras la Cámara Federal siga favoreciendo a Guil, a Lona y a todos los imputados, no pasará nada con las causas sobre violaciones de derechos humanos.
Por su parte, el delegado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Martín Ávila consideró que después de lo sucedido con el sub prefecto Febrés, cree que el la justicia federal no puede garantizar la seguridad de los presos por violaciones a los derechos humanos mientras no estén recluidos en cárceles comunes.
La concesión de una prisión atenuada a Guil provocó la indignación de familiares y abogados querellantes de la causa Palomitas, Fronda y Ragone, en las que se encuentra implicado el ex jefe de Inteligencia de la Policía de Salta durante la última dictadura militar.
La abogada Tania Kiriaco manifestió no entender por qué los jueces a cargo de las causas se basaron en una jurisprudencia anterior a la que hoy está vigente. De todas maneras no queremos crear un manto de sospecha sobre esta resolución, sino basarnos en derecho para hacer los planteamientos que correspondan.
Ante esta situación, la letrada enfatizó: La Justicia Federal se parece al juego de la oca, avanzamos tres casilleros y retrocedemos dos esa es la situación en la que estamos hoy.