Como se recordará, en la raíz de este conflicto se halla la polémica decisión del gobernador de Salta -cuyo mandato expira en menos de dos semanas- de enviar al Senado, para su aprobación, el pliego de acuerdo de su exsecretario de Justicia para ocupar una vacante en el máximo órgano judicial de Salta. Esta designación -cuya legitimidad aparece menguada desde el momento en que fue decidida sólo después de conocida la derrota electoral del oficialismo- ha sido interpretada en diferentes direcciones.Por un lado, algunos han destacado la "coherencia" del gobernador Romero, recordando que, el sector político/empresarial que él representa, "siempre" ha creído en la superioridad del concepto de "Corte adicta" por sobre el valor democrático de la independencia y profesionalidad de la justicia. Otros sin embargo han entendido que Romero y el grupo desalojado del poder formal buscan con esta medida desplegar un gran "paraguas de impunidad" capaz de atajar la avalancha de denuncias y de investigaciones que -se prevé- ocurrirá después de un periodo inusualmente largo de gobierno, signado por un estilo autoritario y omnímodo.
Finalmente, no han faltado aquellos que piensan que se trata más bien de un "escudo antimisiles" selectivo, en el sentido de que apunta a beneficiar especialmente al designado Ferraris, cuya responsabilidad en actos represivos de singular violencia estaría a punto de ser objeto de investigación por los tribunales de justicia.
Junto al cuestionamiento de las formas (algunos políticos han acusado al gobierno de Romero de actuar con 'nocturnidad') se están produciendo también críticas de fondo, como aquellas que ponen de relieve el prácticamente nulo historial de méritos profesionales del flamante magistrado, quien es más conocido -dicen- por violaciones de los derechos humanos fundamentales que por aciertos en su defensa.
La designación de Ferraris es la única en su género que ha motivado una protesta pública y una manifestación de los jueces, fiscales y funcionarios judiciales de la Provincia. Pero la reacción judicial no sólo apunta a la forma en que se ha cubierto la vacante en el alto tribunal, sino a las presiones ejercidas desde el Poder Ejecutivo para que el actual presidente del tribunal, Guillermo Posadas, sea ratificado en su cargo.
Durante la manifestación, miembros de la Federación Argentina de la Magistratura (FAM) y del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial y el Ministerio Público, distribuyeron un comunicado en el que afirman su "aspiración a un servicio de justicia transparente, independiente, jerarquizado e idóneo en un comunicado distribuido en la manifestación.