Catalano ocupa así la vacante producida por el alejamiento del juez Antonio Omar Silisque y con ello se cierra un muy polémico proceso de integración de la Corte de Justicia de Salta que se abrió con la designación del abogado Gustavo Ferraris.Mientras la llegada de Ferraris sigue siendo cuestionada por casi todos los sectores políticos y sociales, y resistida especialmente por el colectivo de jueces y fiscales que llegaron a protagonizar una insólita jornada de protesta por este motivo, la llegada de Catalano está favorecida en cierto modo por la convicción de que Romero tiene ya decidido afirmarse en su papel de "poder paralelo" al que ejercerá, a partir del 10 de diciembre, el electo gobernador Urtubey.
Prueba de ello son la ratificación de los presidentes de la Cámara de Diputados y de la Corte de Justicia, así como el hecho de que el Senado aprobara ayer en pleno el pliego de Catalano con la abstención de sólo cinco senadores de la oposición (Claudia Vargas y José Luis Valle, de la UCR; Raúl García, Francisco D'Andrea y Catalina Ponna, del PRS).
Catalano, ligado a sectores conservadores de la política salteña, llega al alto tribunal tras haber ocupado la Secretaría General de la Gobernación durante el primer gobierno de Romero y de trabajar durante muchos años en el ámbito parlamentario y académico de Salta. Aun con poco, los antecedentes del nuevo magistrado parecen avalarlo con mucha mayor suficiencia que a su colega Gustavo Ferraris, unánimemente denostado por el mundillo judicial.
Acción de amparo contra la designación de Ferraris
El Colegio de Abogados promovió ayer acción de amparo por entender que la designación de Gustavo Ferraris como juez de la Corte de Justicia se encuentra afectada de nulidad. El escrito presentado por un centenar de abogados salteños señala que el Senado infringió el deber de publicidad y omitió, en su consideración del pliego, "aspectos relativos al desempeño de Ferraris al frente de la Secretaría de Seguridad y en su formación académica".
La corporación cree también que el nuevo juez de la Corte no reúne los requisitos constitucionales para el desempeño del cargo, especialmente en lo que se refiere al tiempo mínimo de ejercicio profesional de 10 años que exige la norma fundamental. "Sólo ejerció como letrado 8 años", dicen, teniendo en cuenta que la colegiación de Ferraris data de 1993.
El amparo fue presentado ante la propia Corte, que tiene la competencia originaria en este tema. El mismo escrito formula recusación a todos los miembros de la Corte, por no haber objetado la designación de Ferraris, lo que de proceder, obligaría al tribunal a integrarse con otros jueces para resolver el amparo solicitado.