Si bien resulta llamativa la presencia en Salta del famoso juez y, mucho más, el motivo de su visita a nuestra Provincia, hay un párrafo de la crónica de Nuevo Diario que sorprende al lector desprevenido más que ningún otro.Es el que dice, textualmente, que "el juez Oyarbide, asimismo, se comprometió a realizar las correspondientes gestiones ante el Ministerio de Economía de la Nación a fin de destrabar el envío de fondos que permitan realizar trabajos de mejoras y de refacción en el establecimiento".
La pregunta es inevitable: ¿Puede un juez de la Nación en ejercicio hacer "gestiones oficiosas" ante otro poder del Estado a fin de destrabar fondos que, entendemos, se encuentran, por algún motivo (imaginamos que legales), "trabados"?
Está claro que la sociedad de Guachipas agradecerá el esfuerzo del juez, más todavía si llega a tener éxito en sus gestiones para "destrabar los fondos".
Pero la cuestión no es ésta.
¿Se trata de un 'exceso de populismo' del juez que investiga los pasaportes italianos falsos de conocidos futbolistas? ¿O es que realmente un juez puede "comprometerse" a realizar este tipo de gestiones?
Oyarbide no es un diputado ni un senador. Los jueces, por un imperativo ético más que obvio, no pueden desempeñar funciones de mediación oficiosa entre la sociedad civil y el gobierno al que controlan en la legalidad de sus actos. Un eventual pedido de Oyarbide podría ser "irresistible" para cualquier funcionario, por la investidura del juez, y podría crear una suerte de "expectativa de reciprocidad", por parte del funcionario que accediera a "destrabar los fondos". Un buen día podría ocurrírsele al funcionario pedirle al juez que procesara o dejara de procesar a alguien.
Ésto ya no parece tan bueno para Guachipas.