El procedimiento se encuentra tramitando ante el Juzgado de Instrucción Formal de 3ª nominación de Salta, que se encuentra a cargo del juez Pablo Farah.Como se recordará, la cúpula de los radicales salteños integrada por Alberto Luis Espeche, Carlos Humberto Saravia, Susana Gispert y Federico Nuñez Burgos salió a la palestra para denunciar las "graves irregularidades" de la operación de permuta que firmaron el año pasado la Municipalidad de la ciudad de Salta y el empresario Roque Juan Lozano.
Los radicales consideran que dichas irregularidad "son imputables" a funcionarios del Departamento Ejecutivo y del Tribunal de Cuentas Municipal y que habrían causado "perjuicios millonarios", en tanto que el inmueble de Lozano "no valdría más de 11 millones".
Mientras que los radicales pidieron que se realice una tasación judicial del inmueble en cuestión, el intendente Isa atribuyó la denuncia a las ansias de protagonismo del partido radical y calificó a la operación como 'la mejor de la historia municipal'.
La operación permuta supuso la transferencia en propiedad a Lozano de la actual sede municipal de calle La Florida 62 (cedida en su momento por la Provincia a la Comuna) y los inmuebles ubicados en Florida 86, San Martín y Jujuy, Santa Fe y San Luis y la avenida Hipólito Yrigoyen 353.
Pero, como se ha sabido, la Municipalidad ha venido incumpliendo los plazos estipulados para la entrega material de los inmuebles (fijados para el 28 de febrero pasado) lo que -según los radicales- estaría generando multas contractuales que ascenderían a 450.000 pesos mensuales más $30.000 pesos de alquileres.
Esta espinosa cuestión iba a ser abordada por el Concejo Deliberante de Salta, pero una maniobra de los ediles afines al intendente Isa, a los que se unió la concejal Nora Ríos, privó al cuerpo del quórum necesario para sesionar, de forma intempestiva.
La oposición espera que esta semana el Concejo Deliberante pida explicaciones al intendente Isa, que hace una semana decidió que la ciudad municipal será construida con fondos propios al haber desistido del crédito que se gestionaba en el Banco Patagonia. En esta línea se anunció también que sería anulada la licitación pública 11/07 que ganó la empresa Caputo S.A.