Saravia había solicitado en su momento al Procurador General de la Provincia que analizara si los funcionarios de la Municipalidad de la Ciudad de Salta habían incurrido en delito e iniciara una investigación.La información suministrada por la oficina de prensa de Saravia no indica, sin embargo, cuáles serían las figuras penales aplicables a las conductas oportunamente denunciadas.
La presentación puso en evidencia -dice el comunicado de prensa- que en el último año se habían otorgado 70 licencias de taxis y 117 licencias de remises que no cumplirían con los requisitos exigidos por la Ordenanza nº 12.277. Que personas de entre 21 y 30 años fueron beneficiadas con concesiones que se encuentran reservadas para choferes de taxis que deben acreditar entre 20 y 25 años de antigüedad laboral. También se detectó la entrega múltiple de licencias a familias o grupos económicos cuando la normativa solamente autoriza una por persona.
Tras la firma del dictamen por parte de la fiscal Puente, las actuaciones fueron remitidas ayer al Juzgado de Instrucción Formal Quinta Nominación a cargo del juez Pablo Arancibia. La fiscal ha solicitado al magistrado la realización de una serie de medidas de instrucción, entre las que figura la declaración de los involucrados ante el juez.
Saravia dijo mostrarse satisfecho con la promoción de la acción penal al afirmar que la Fiscal Emma Puente actuó como corresponde y con independencia de criterio, como antes lo hizo cuando se decidió a promover acción por el fraude del Centro Cívico Municipal cuya investigación está parada. Ahora es el turno de que los jueces penales determinen si los funcionarios de Miguel Isa han cometido delitos y, si lo acredita, los castigue. Mucha gente sabe que existe un comercio clandestino de licencias que se otorgan violando cupos y reglamentos y en el que están involucrados funcionarios.