La construcción del Centro Cívico Municipal provoca más rechazos que apoyos

La construcción del Centro Cívico Municipal está provocando más rechazos y dudas que adhesiones. La falta de transparencia en la tramitación, un préstamo bancario de 35 millones de pesos que endeudará a la Municipalidad de la Ciudad de Salta, el canje de un inmueble municipal en el área de más valor en el centro de la Ciudad por otro en la periferia, donde se construirá ese Centro, y la inconsistencia del proyecto son las principales críticas a esta iniciativa que la oposición considera no prioritaria, pero que el oficialismo defiende como necesaria para centralizar la administración municipal. El predio en donde está proyectado emplazar el Centro Cívico MunicipalEn el predio elegido para construir el Centro Cívico Municipal funcionó el Hipermercado Lozano y, antes que éste, “El Chango”, primer hipermercado local, sobre avenida Paraguay, al Sur de la Ciudad. El predio tiene 22.376,90 metros cuadrados, los cuales 6.680 están cubiertos y serán reciclados e integrados a la nueva estructura edilicia que ocupará14.000 metros cuadrados cubiertos. Según la concejal Nora Giménez, el predio está sobrevaluado y su situación legal no es clara.

Una pesada carga

{sidebar id=9} Está previsto que en 12.000 metros cuadrados, en una segunda etapa, se construirá el nuevo edificio del Concejo Deliberante que, desde hace años, funciona en ex Casino Salta. La construcción de este Centro equivale “casi la quinta parte del presupuesto municipal y se aproxima a lo destinado a obras públicas de la Ciudad”, dicen los concejales municipales de la oposición.

La intendencia local notificó a los concejales de su propósito de realizar esta obra en la última sesión de finales de diciembre de 2006. El procedimiento seguido, el ritmo impuesto a la tramitación y las características de las mismas, responden a las pautas que, desde diciembre de 1996, utiliza el gobierno de Salta cuando quiere impulsar este tipo de emprendimientos en los que se mezclan los intereses públicos con los negocios privados.

Mientras la Municipalidad defiende el proyecto como necesario para centralizar la administración municipal, que tiene varias ramas que, en total, reúnen a más de 1.800 empleados municipales. La Ciudad de Salta tiene más de 600.000 habitantes y alrededor 200.000 contribuyentes. De ese total, por día 3.000 contribuyentes realizan trámites en esos organismos. Las oficinas municipales funcionan en seis inmuebles ubicados en el centro de la Ciudad. La mayoría de estos inmuebles están deteriorados y muchos no tienen mínimas medidas de mantenimiento e, incluso, de higiene.

Más edificios que instituciones

Para la oposición, este tipo de grandes emprendimientos inmobiliarios es una veta para la obtención de beneficios ilegales por parte de algunos funcionarios del gobierno. El gobierno de la Provincia y el de la Municipalidad, que se limita a ejecutar la partitura de aquél, confunden deliberadamente las instituciones con los edificios que ellas ocupan. Se pueden tener grandes centros y complejos edilicios, pero ellos pueden coexistir, ser compatibles y hasta funcionales con el vaciamiento que afecta a las instituciones de la Provincia.

“Hay una Ciudad Judicial, pero no hay justicia. Puede haber un nuevo Palacio Legislativo, pero no hay Poder Legislativo independiente. Ahora se plantea un gran Centro Municipal, pero la Municipalidad ha renunciado a su autonomía y ahora está siendo vaciada en sus funciones”, advierten directivos de organizaciones no gubernamentales.

“Las prioridades del gobierno están muy lejos de las prioridades de los vecinos”, dice Carlos Morello, concejal del kirchnerista Partido de la Victoria. “La mayoría de los barrios de la Ciudad tienen muchas necesidades: no tienen iluminación, asfalto, servicios de cloacas, centros deportivos y de contención de los jóvenes y de prevención de la drogadicción”, se queja Morello, actual candidato a diputado provincial por ese partido. La Municipalidad dice que “la obra es trascendente para toda la sociedad salteña”.

No hay equidad en el canje

Para Morello es un error “canjear los inmuebles que se canjearon por el predio del ex hipermercado El Chango, que es un poco mas grande pero no tiene la ubicación ni el valor histórico que tienen los inmuebles de la peatonal La Florida. El Intendente entrega el patrimonio municipal, se embarca en la aventura de construir el Centro Municipal y después se da cuenta que no tiene la plata para construirlo y entonces comienza a presionar a los concejales para que aprobemos un préstamo. Aquí hay una irresponsabilidad muy grande”, opina Morello.

Morello señala que la autorización para endeudar al municipio para construir esta obra depende de la actitud que asuman los concejales de la oposición. Sobre todo, del modo en que voten los concejales del Partido Propuesta Salteña (PPS) que lideran Ricardo Gómez Diez y Fanny Velarde y los concejales Gustavo Cecilia (kirchnerista) y Nicolás Jovanovics. Estos concejales apoyaron al oficialismo en el controvertido tema del mega centro de compras de la empresa chilena Cencosud. “No voy a dejar que este Intendente endeude al municipio por los últimos 10 años”, dice Morello, también kirchnerista.

“Estamos ante un nuevo negociado”, señala la ccandidata a intendente de la Ciudad de Salta por el Frente Partido para la Victoria – Partido Renovador. Giménez dice que la transacción con un propietario que hizo la Municipalidad para la edificación del nuevo Centro Cívico Municipal, es “un negocio inmobiliario. Primero fue el negocio de la tierra y ahora viene el negocio de la construcción. Los concejales tienen la responsabilidad de decidir avalar o rechazar esta transacción inmobiliaria”.

Democratizar y descentralizar

“Para mí el verdadero municipio tiene que estar en la calle y no necesita de hotelería”, opina Vuenaventura David, titular de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y candidato a intendente de la Ciudad de Salta por Encuentro Popular Amplio (EPA). “El municipio no es el edificio municipal, sino la acción que se hace para los vecinos; ese es el verdadero municipio. Tampoco se estudió el impacto de la centralización de la administración municipal. Esto va a contramano de la tendencia a descentralizar, democratizar y crear Consejos Vecinales”.

Por su parte el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Salta, Martín Biella, cuestionó la entrega de terrenos pertenecientes a la provincia, los que fueron canjeados por el inmueble de Roque Lozano, propietario del ex hipermercado Lozano. Según Biella esta decisión del gobierno no fue consultada con el sector que representa, tampoco con las organizaciones de vecinos e, incluso, con los concejales. “Ahora, en vísperas de elecciones y de posibles cambios, el gobierno tiene apuro por concretar negocios inmobiliarios”, dice Biella.

Según el Partido Obrero, la Municipalidad “no tiene planos ni proyecto. Es todo una gran improvisación para justificar un negociado y un impuestazo en beneficio de especuladores inmobiliarios y contratistas privados. Los 14.000 metros cuadrados cubiertos que piensan construir, costarán 28 millones de pesos. Pero quieren pedir prestados 33 y pagar 40 millones, en 36 cuotas de $ 1.115.000. Además, compraron un galpón de 7.000 metros cuadrados sobrevaluado”.

Que paguen los que menos tienen

“¿Cómo piensan pagar? Cobrándole a los 11.000 catastros que figuran como baldíos. Saben que tienen construcciones no declaradas, de las cuales piensan obtener 18 millones de pesos entre impuestos inmobiliarios y tasas y derechos de construcción. Por eso, a principios de año, votaron un impuestazo”.

Para el presidente del bloque de concejales del oficialismo, el cuerpo debe apoyar este proyecto y dar luz verde para que el intendente solicite el préstamo de 35 millones de pesos. Guido Giacosa entiende que el Partido Obrero comete un error y se aparta de las “discusiones racionales” al oponerse a este proyecto.

El jefe de la bancada oficialista entiende que las posiciones críticas de la oposición en el Concejo Deliberante significan “un desperdicio de bancas”. El concejal está convencido que “los partidos racionales (sic) terminarán por entender con grandeza que la gloria de esta gran medida de gobierno puede corresponderles también a ellos".

Para el oficialismo, aunque para una persona 35 millones de pesos es mucho dinero, para las arcas municipales esa cantidad de dinero no es excesiva. Según algunos, esos fondos comprometerán la coparticipación municipal. Según los funcionarios municipales, esa deuda será pagada con el cobro a “evasores y morosos” y, en consecuencia, no representará una carga.

‘No saben hacer negocios’

El sobrino del gobernador Romero y candidato a diputado provincial, Eduardo Romero, criticó a la oposición por “desperdiciar la oportunidad de acceder al crédito ofrecido. En un momento en el que no se sabe que va a pasar en el país, no se debería desperdiciar un crédito de tasa fija en pesos, que permite al municipio acceder a $35 millones de pesos”. En su opinión, las críticas de los concejales opositores se explican por “la poca experiencia que tienen en el campo privado. Como, durante años, han sido empleados públicos, no conocen la realidad del mundo de los negocios”.

El oficialismo dice que entre enero y mayo del corriente año 2007 la Municipalidad recaudó “casi 40 millones de pesos y se espera recaudar 120 millones en todo este año. De modo que la cuota de un millón de pesos mensuales, a pagar durante algo más de tres años, representará el diez por ciento de la recaudación propia, sin contar la coparticipación”.

Para el Partido Obrero la intención de delegar en una empresa privada el cobro de impuestos municipales tiene relación con la necesidad de obtener para pagar el préstamo bancario que proyecta pedir la Municipalidad para pagar la construcción del Centro Cívico. Se considera que la mayoría de arreglos o construcción no declarados de viviendas corresponden a sectores de más bajos ingresos, clase media baja y trabajadores que construyen sus propias viviendas en zonas periféricas, y a lo largo de varios años.

A la caza de vecinos

La concejal Cristina Foffani dijo que, “a partir del convenio firmado entre la Organización Magna y la Municipalidad, ahora salen a cazar a los vecinos para ampliar la base de recaudación que les permita pagar el negociado del Centro Cívico Municipal”.

El 4 de mayo se convocó licitación para la realización de trabajos de construcción y de refuncionalización del edificio. Se presentaron dos empresas. El 15 de junio se abrió el primer sobre con antecedentes de ambas empresas El 24 de junio se abrieron los correspondientes a los costos y su financiamiento. La firma Caputo S.A. ofertó 33 millones de pesos. La empresa Obras y Sistemas, presupuestó 37 millones de pesos.

Los funcionarios dijeron que la empresa Caputo S.A. acompañó una carta del Banco Patagonia con una oferta de financiamiento de la obra, con una tasa de interés del 14,3 por ciento, a pagar en 36 cuotas de 1.115.000 pesos mensuales. La firma exige como garantía de pago los impuestos y la coparticipación. Además del Patagonia, hay otros bancos interesados en otorgar ese préstamo. “El crédito está y se puede pagar”, dice el secretario de Planificación de la Municipalidad.

Votación aún incierta

Se necesitan dos tercios de los votos del Concejo Deliberante para aprobar el endeudamiento de la Municipalidad. Los funcionarios dicen que el préstamo puede pagarse con el recupero de impuestos que adeudan los contribuyentes y con el cobro de derecho de construcción.

“En la Ciudad de Salta hay 11.000 inmuebles que aún figuran como baldíos y que, en consecuencia, no pagaron derecho de construcción. Se estima que hay 5 millones de metros cuadrados no declarados. Por lo que se calcula que, por ese concepto, se pueden cobrar 8 millones de pesos”.

El proyecto de Centro Cívico incluye sala de reuniones, biblioteca, salón de usos múltiples, guardería y comedor municipal, suficientes baños y una amplia playa de estacionamiento, que fueran obras incluidas en el Programa Integral Municipal, que recoge algunas de las sugerencias de los empleados municipales.

Hay que admitir que la escasa transparencia en la gestión gubernamental contrasta con la absoluta claridad de los argumentos que esgrimen el intendente de la Ciudad de Salta y los concejales del oficialismo.

Esos argumentos se reducen a un traslado de la lógica y los intereses de los negocios privados, gestionados por funcionarios públicos, a la esfera del interés público.

La acusación de que toda crítica a estos abusos de poder son modos de oponerse “al progreso de Salta” es el modo más simple de equiparar ese “progreso” con el enriquecimiento del grupo gobernante, pretendiendo "blanquearlo" y legitimarlo.