Hace aproximadamente un mes, los denunciantes presentaron copias simples de las valuaciones realizadas por la Cámara Inmobiliaria Salteña respecto de los inmuebles identificados con matrículas 12.084 y 4.916.De esta documentación se desprendería que el valor adjudicado al inmueble de calle La Florida 86 oscila entre 9 y 10 millones de pesos, cuando fue entregado por la Municipalidad de Salta en la suma total de $4 millones. Para los radicales la diferencia resulta sugestiva y también pidieron que se libre oficio a la Cámara Inmobiliaria que sobre el inmueble que entregó el empresario Roque Lozano certificaría un valor real al momento que se realizó la operación- de $12 millones mientras que los funcionarios municipales lo aceptaron en la suma de $21,3 millones, por lo que la diferencia de cotizaciones oscila aproximadamente en más de 9 millones de pesos.
A pesar de la relevancia del trabajo de la Cámara Inmobiliaria de Salta el magistrado no ha solicitado las mentadas cotizaciones, aun cuando su presidente Juan Martín Biella Calvet ratificó ante la prensa la existencia de las mismas.
En su momento, los radicales también pidieron que se requiera prueba ofrecida como parámetros de cotización, entre la que figura la expropiación tramitada en los autos caratulados: Dirección de Vialidad de Salta c/ B.P. Sociedad Anonima s/Tramite Expropiatorio, Expte. Nº 3.661/07 Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y el Expediente Administrativo de la Dirección Provincial de Vialidad de Salta Nº 33.183.642- Cde. 3 Resolución Nº 1.127/2.006.
Curiosamente, el juez Pastrana ha rechazado estos pedidos por considerar que los denunciantes no son parte, aun a sabiendas de que nadie se ha presentado en representación de los intereses municipales y que no se advierte demasiado vértigo en un trámite que compromete intereses políticos.
A pesar de algunas manifestaciones, ni los concejales ni el procurador general Luis Giacosa que defiende públicamente la transacción- han mostrado interés por la pesquisa. El Tribunal de Cuentas continúa sin hacer efectivo el control en relación a este contrato millonario ni a las contrataciones directas de obras públicas que se realizan en el predio ni por los alquileres que se pagan como consecuencia de que la Municipalidad nunca entregó los inmuebles que cedió en la permuta.
Para el dirigente radical Carlos Humberto Saravia el nivel de corrupción del municipio capitalino es exagerado y resulta evidente que la decisión política del gobernador Juan Manuel Urtubey de avalar un convenio sospechado de fraudulento limita impropiamente la independencia de un Poder Judicial que tiene en sus manos la investigación y pone al descubierto que los negociados de la anterior gestión tienen continuidad en un gobierno que pregona el cambio en público y se corrompe en la trastienda.