Según trascendidos de prensa, este Partido basa sus denuncias en determinadas evidencias surgidas durante las actuaciones de un juez provincial relacionadas con aquella huelga de los maestros y profesores locales.En tal denuncia, el Partido opositor pide que comparezca el Gobierno ante la legislatura provincial y se someta a la interpelación de los diputados salteños.
Hasta ahora el Gobierno del señor Urtubey ha guardado silencio sobre tan espinoso asunto, asumiendo una actitud que consideramos inadecuada dada la gravedad de los hechos denunciados.
Son muchos los ciudadanos que dan por supuesto o imaginan que el Régimen anterior se infiltraba en reuniones políticas y en asambleas obreras; que husmeaba en los bares, en las esquinas y en los hoteles alojamiento (también llamados albergues transitorios) apelando a la tristemente célebre secreta.
Pero, en realidad, la antigua secreta de la Policía Salteña es bastante rudimentaria a juzgar por la uniformidad de su personal cuya piel, pelo, rostro y vestimenta -rigurosamente típicos- delatan su presencia allí donde actúe en el desagradable oficio de espiar al prójimo.
No se cuestiona aquí el derecho y el deber del Estado democrático de contar con servicios de inteligencia interior que le permitan prevenir males mayores. Lo que se cuestiona es el uso descontrolado, abusivo, partidista y sectario de estos servicios.
Como si lo denunciado fuera poco, en ciertos círculos ciudadanos corre el rumor de que el anterior Gobernador (o alguien muy encumbrado en su nombre) apelaba a las más modernas tecnologías para grabar conversaciones, interferir redes telefónicas, seguir a ciudadanos con cámaras ocultas y capturar todo tipo de datos que eran puestos al servicio de los intereses del Régimen y de sus personeros, violando las prescripciones de la Constitución Nacional, de la Constitución de la Provincia (artículo 22) y las leyes vigentes sobre protección de datos.
Es de esperar que tales rumores carezcan de todo asidero. Pero bien haría el actual Gobierno en abrir una seria investigación en la línea enunciada por el Partido Obrero y, si acaso, desmantelar los equipos y rescindir los contratos vinculados con el espionaje político interno.
Su obligación es garantizar que los servicios de inteligencia policial (o aquellos órganos que cumplan funciones similares) sean urgentemente sometidos a los cánones democráticos y al control parlamentario.