Los manifestantes, que consideran como un "despido arbitrario" la reestructuración administrativa efectuada por el gobierno, esperaron la llegada de Urtubey a Mitre 23 sin que el gobernador, en ese momento y, por razones obvias, se detuviera a atenderlos.A la salida del mandatario, los manifestantes, que aún permanecían en el lugar, increparon al gobernador al grito de "no somos ñoquis" y exigieron una inmediata solución a su problema, esgrimiendo como argumento principal que entre los cesados se encuentran "discapacitados y embarazadas" y que muchos de los afectados no perciben salarios desde el mes de noviembre pasado.
Ante el embate de los manifestantes, el gobernador mantuvo el tipo y defendió la medida adoptada por su gobierno justificándola en el hecho de que se trata de "empleados de planta política del gobierno anterior" y que, por lo tanto, "no es correcto que sigan trabajando".
Urtubey reiteró que en su gobierno "no ha habido absolutamente ningún trabajador del Estado que haya tenido algún problema de continuidad laboral". Refiriéndose a los manifestantes que lo increparon en Mitre 23, el gobernador dijo que entraron como dirigentes políticos y se van como dirigentes políticos, en definitiva me parece que eso hay que entenderlo así.
El gobernador explicó razonadamente que hay ciudadanos que son gente de confianza política de la administración anterior y que perdieron las elecciones. Entonces es lógico que el nuevo gobierno tenga a su gente.
Mientras tanto, portavoces de los afectados sostuvieron que "hay personas que trabajan hace más de 10 años" (hay que recordar que el gobierno anterior duró 12 años) y que entre ellos hay "madres jefas de hogar que tienen hasta ocho hijos".
Llamativamente, los manifestantes en ningún momento argumentaron no pertenecer al "agrupamiento político" del gobierno anterior ni negaron la falta de estabilidad administrativa de sus puestos de trabajo. Según una fuente del gobierno, la postura de estos manifestantes se aproxima mucho a un chantaje basado en argumentos puramente emocionales (como la existencia de discapacidades, embarazos o familias numerosas) que en ningún caso pueden reemplazar a los principios de igualdad y mérito impuestos constitucionalmente para acceder a un puesto de trabajo en la administración del Estado provincial.
Urtubey prometió, no obstante, volver a estudiar cada caso de forma individual, ya que su gobierno "no quiere perjudicar a nadie".