La tarea es enorme. Se trata nada menos que de construir una Administración democrática moderna y, cómo no, de resolver los problemas estructurales de Salta: pobreza, crecimiento, protección del medio ambiente, generación de energía, control y aprovechamiento de las aguas, rediseño de los canales comerciales, por no citar sino algunos.Hay que decir que el atraso de Salta (o al menos de su Administración Pública) en materia de nuevas y no tan nuevas tecnologías es abrumador.
La mayoría de las oficinas públicas siguen funcionando como en tiempos del Gobernador Ricardo J. Durand.
Se advierten carencias de formación en los empleados y en ciertas jefaturas burocráticas, equipamiento insuficiente, organigramas inadecuados.
Sobre todo cuando se mira a nuestra Administración Pública desde la doble óptica de la transparencia y de la eficacia.
Si hasta aquí el Estado provincial funcionó, mal que bien, se debió al estilo autoritario y personalista del régimen anterior, a la opacidad que caracterizó su gestión, y a la mansedumbre de ciudadanos que eran tratados como súbditos.
Para cambiar esto, el funcionario de mostrador o de ventanilla debe comenzar por comprender que el ciudadano que viene a requerirle es portador de derechos cívicos y sociales. Aunque venga a solicitar un bolsón de alimentos.
Pero el objeto de esta nota es protestar contra el sistema de atención telefónica al público.
Aquí reina un amplio descontrol. Comenzando por la Guía Telefónica (páginas azules) pensada para iniciados en las ciencias de la burocracia. Y siguiendo por las demoras que debe soportar cualquier ciudadano que decida hacer averiguaciones utilizando esta vía que se presume más rápida y económica que los traslados físicos y las largas colas.
Por supuesto cabe imaginar que entre las autoridades y los altos cargos existirán mecanismos de comunicación ágiles y modernos. Esta opción (modernidad para la elite gobernante, atraso para el vulgo) encajaba perfectamente con la ideología del régimen anterior. Pero no puede permanecer un día más.
El nuevo Gobierno tiene la obligación cívica y moral de abrir canales eficaces de comunicación que permitan al ciudadano de a pie hablar con la Administración para informarse, protestar, denunciar o tramitar.