El pedido catamarqueño es el último capítulo de un conflicto de límites de vieja data y que tiene su origen en el desmembramiento del antiguo territorio nacional de Los Andes, ocurrido en la década de los años cuarenta del siglo pasado, y su reparto entre las provincia de Catamarca, Salta y Jujuy.En el escrito judicial, Catamarca afirma que Salta "ha avanzado sobre el territorio catamarqueño disponiendo de recursos naturales como si fueran propios", y que lo ha hecho con base en "una abolida ley del proceso".
La medida cautelar solicitada por Catamarca contempla también el "inmediato retiro de las fuerzas policiales salteñas destacadas en la zona". Detrás de esta insólita, aunque esperada, acción del gobierno de Catamarca, se ocultan intereses relacionados con la riqueza minera de la zona en disputa.
Será esta la tercera vez en que el máximo tribunal argentino se pronuncie sobre esta disputa limítrofe, ya que lo hizo con anterioridad, por dos veces, en los años ochenta, fallando en ambas ocasiones a favor de los derechos territoriales de la Provincia de Salta. Para la historia queda la enérgica defensa de los derechos salteños realizada en aquella oportunidad por Santos Jacinto Dávalos, a la sazón, ministro de Gobierno de la Provincia de Salta.
Aún no hay información oficial acerca de la reacción del gobierno de Salta frente a la acción judicial catamarqueña, si bien ha trascendido que los argumentos jurídicos que avalan la postura de Salta son lo suficientemente contundentes para enervar el pedido de Catamarca.
La solución definitiva a esta controversia deberá proveerla el Congreso Nacional, a quien la Constitución atribuye en exclusiva la facultad de fijar la línea interprovincial, como cualquier otro límite entre provincias. Sólo esta circunstancia hace pensar que la atribución por Catamarca de "área fronteriza" al territorio en disputa, representa claramente un exceso y un apartamiento de las normas constitucionales y de la lógica del sistema federal adoptado por la República Argentina.