El IPV se refiere al acuerdo suscrito por su anterior presidente Rubén Fortuny con un grupo conformado por 13 familias perjudicadas por maniobras supuestamente dolosas llevadas a cabo por el citado Peludero, quien les habría vendido viviendas a la primera etapa del barrio Los Pinares.El organismo salteño responsable de la política gubernamental de vivienda pública ha querido salir al paso así de las versiones que indicaban que, tras el cambio de gobierno, la nueva gestión iba a desconocer los compromisos contraídos.
En el citado comunicado, el IPV aclara también que el compromiso asumido en julio de 2007 obliga a otorgar a los damnificados prioridad en la adjudicación de viviendas en el Barrio Los Pinares etapa II (en construcción por el Instituto de Vivienda de los Trabajadores - IVT) y no en Barrio Los Crespones (IPV), que se encuentra adjudicado por resolución Nº 842/07.
Finalmente, el organismo que preside Krumpholz ha hecho saber que "será respetuoso de la división y función de cada Poder del Estado" y que, en consecuencia, esperará la resolución del juez que entiende en la acción de amparo que voluntariamente interpusieron los reclamantes.