Si bien el ministro Juárez Campos no precisó suficientemente el alcance de su expresión, dejó entrever que considera "justicia postmoderna" aquella que concede "más importancia a la gente" y "apuesta a la profesionalización del personal". No aclaró el ministro si su visión de la justicia concede más importancia a "la gente" que a las normas jurídicas, por ejemplo.Uno de los pilares de la anunciada revolución postmodernista será la creación de un "consejo permanente de carácter honorario" que participará en la reforma de distintos aspectos de la justicia y que estará integrado por personalidades de "diversos sectores vinculados al quehacer judicial".
Esta poco novedosa iniciativa fue presentada por el ministro ante legisladores de las comisiones de Justicia y de Legislación General de la Cámara de Diputados de Salta, adonde acudió acompañado por los secretarios de su ministerio.
En la misma línea ya anticipada por el gobernador Urtubey y por otros ministros, como los de Gobierno y Trabajo, Juárez Campos se mostró partidario ante los legisladores de "un sistema de participación plural en el análisis de los temas vinculados al funcionamiento del servicio de Justicia". En principio, la decisión de quiénes, cómo y sobre qué se debe opinar en materia de Justicia será del propio ministro, quien dijo: Estamos definiendo la convocatoria a quienes deben opinar en este tema y creemos que un consejo permanente es el ámbito más apto y productivo.
En materia de política penitenciaria, Juárez Campos sostuvo que ahora esta área se encuentra totalmente separada y es independiente de la fuerza policial. También anticipó la decisión de construir una nueva cárcel provincial y de gestionar la urgente finalización de la cárcel de Güemes.
El ministro dijo también que "está demostrado que el aumento de la exclusión incrementa la tasa de criminalidad" y afirmó que la tolerancia cero no soluciona el delito. "A los delincuentes hay que aplicarles legalidad y justicia", dijo, "sabiendo que ese no es el remedio, pero es lo que corresponde". La mano dura debe darse en cuanto a las causas de las problemáticas con las que nos encontremos, y no con la gente, dijo el ministro, para quien, a tenor de estas afirmaciones, es más importante atacar las causas de la criminalidad que perseguir a quienes cometen delitos.
En contra de 'cualquier tipo de represión'
En el curso de la misma reunión, miembros del gabinete de Justicia afirmaron que la primera medida que se tomó a horas de asumir fue la de exigir que el tiempo máximo previsto para la averiguación de antecedentes se reduzca de 24 a 12 horas. La idea es que poco a poco ese tiempo disminuya hasta llegar a escasos minutos, con la ayuda de la tecnología, dijeron.
En cuanto a las contravenciones, que actualmente no están contempladas por un juzgado específico, explicaron que se intentará cambiar el esquema, y propiciar que sean analizadas por nuevos juzgados que se encuentren próximos a cada salteño, en cada municipio de la Provincia.
Profundizando en su línea filosófica, el ministro indicó que son muchísimos los problemas y el qué, lo tenemos muy claro, ahora vamos a cambiar la política en lo que a nuestra área compete localizándonos en el cómo.
En el mismo sentido, el ministro, que en declaraciones anteriores había afirmado que "prefería morir antes que reprimir", señaló que vamos a demostrar que la seguridad y los derechos humanos no son términos contrapuestos, y que, con un trabajo arduo pero posible, tendremos una policía firme, pero educada, respetuosa y humilde, ya que estamos en contra de cualquier tipo de represión.
Esta última expresión da a entender -preocupantemente- que el ministro está en contra no sólo de la represión ilegal sino también de la represión legal de las conductas antijurídicas.