Como se recordará, desde 1995 no se han producido altas de personal en la planta permanente de la administración provincial a causa de la vigencia de la ley de Emergencia Económica. "Los que trabajan en el Estado no tendrán ningún problema, pero no es posible que quien fue asesor político de algún funcionario, se iguale injustamente con el resto de los empleados de la administración", sostuvo el gobernador Juan Manuel Urtubey, quien el martes pasado firmó el decreto 16 por el que dispone la reasignación de funciones para el personal del Estado, acorde a la nueva estructura de gobierno.
En los próximos quince días, los responsables de cada área de gobierno deberán presentar una lista con los nombres del personal que cumple tareas. "Hay muchos empleados que cumplen tareas efectivas, pero hay otras personas que ni siquiera concurren a trabajar. Esos son los que naturalmente cesarán en sus funciones", se remarcó desde el gobierno.
Se ha señalado también que las categorías del personal "se retrotraen a las que existían al 28 de octubre", y quedan "sin efecto" las disposiciones de pase a otras categorías dispuestas con posterioridad a esa fecha. Esta medida supone atacar frontalmente las designaciones (en torno a 1.800) y pases efectuados por el gobierno de Romero tras conocer su derrota electoral.
Desde el gobierno se ha recordado que, cumpliendo con el compromiso electoral, "se respetará la continuidad" de todos aquellos que cumplían distintas funciones técnicas, pero no de quienes realizan tareas de asesoramiento político o directamente no desempeñan funciones en los lugares donde estaban formalmente asignados.