En agosto pasado, Ferraris desacató una orden judicial y ordenó una violenta represión a familias indigentes que ocupaban lotes en el asentamiento de San Expedito. En los últimos años, Ferraris se negó sistemáticamente a comparecer ante los legisladores provinciales, de los que se burló. El ministro de Gobierno Víctor Manuel Brizuela, el interventor del Instituto Provincial de la Salud, Alfredo Petrón y el propio Ferraris forman el triángulo de funcionarios más cuestionados y con peor imagen de este gobierno. Urtubey acaba de decir que no comparte la designación de Ferraris, medida que interpretó como negativa. "Con esta medida, el actual gobierno está demostrando su desprecio a la voluntad de cambio de la mayoría de los salteños. Nuestra responsabilidad es llevar adelante estos cambios, respetar la Constituciónm, reconstruir la calidad institucional y la convivencia social". Urtubey reiteró que no negociará políticamente con el gobernador Romero con el que, admitió, puede reunirse pero para hablar solo del traspaso de la administración. "Lo que digo en privado es lo que digo en público. Terminó ese estilo donde se hace lo que no se dice y se dice lo que no se hace".
La designación de Ferraris está provocando indignación, no sólo rechazos. "Esto es un insulto para los ciudadanos de Salta, que excede a los docentes. ¿Con este nombramiento Romero está dando impunidad a Ferraris?", se preguntó Estela Ortega, dirigente de la Asamblea Provincial Docente.
La designación de Ferraris formaría parte de una operación más vasta destinada a crear un sistema de protección no sólo a algunos funcionarios del actual gobierno, comprometidos en mal desempeño de la función e involucrados en enriquecimiento ilícito, sino crear una malla de seguiridad a las empresas privadas que se hicieron cargo de los servicios públicos a partir del año 1996. "Este gobierno quiere sentar a Ferraris en la Corte para que cumpla tareas de guardaespaldas", es el comentario generalizado.
Ferraris, secretario de Seguridad, es el responsable de aplicar mano dura en las protestas sociales. A esta medida, el gobernador que se va añade dos decisiones también polémicas: la que pretende ratificar en la presidencia de la Corte a su actual titular, Guillermo Posadas y la incorporación a la justicia de Guillermo Catalano, apoderado del sector político que conduce Romero. El pliego de Ferraris fue aprobado con 13 votos del oficialismo y rechazo por 6 senadores de la oposición.
Con estos gestos Romero está enviando una señal muy negativa que coloca piedras en el camino de la gobernabilidad de la Provincia. El gobierno que se va no se preocupó siquiera de fingir una intención de cubrir esa vacante después de consultar al gobernador electo Juan Manuel Urtubey. Se trata pues, no sólo de un acto indebido e ilegítimo sino también inconsulto. El senador José Luis Valle (Unión Cívica Radical) dice que Urtubey debió convocar un abrazo del edificio de la Legislatura para evitar esta designación.
Contra figura del jurista
Ferraris representa la falta de valores y aparecen como la contra figura de juristas de la idoneidad, la trayectoria profesional y el ejemplo de vida de Ricardo Reimundín, dijo el periodista Martín Grande. La designación de Ferraris es otro daño a las instituciones, más allá de la persona designada. El currículm de Ferraris que el gobierno envío al Senado tiene once espaciadas líneas. Siete de ellas se refieren a su gestión como secretario de Seguridad.
El ex presidente del Colegio de Abogados, Federico Kosiner dijo que el ingreso de Ferraris a la Corte produce indignación. "Lo que pasó en el Senado es de una enorme gravedad". Tanto Kosiner como Ortega dijeron que es necesario un rápido y enérgico pronunciamiento del gobernador electo Juan Manuel Urtubey.
"No basta con rechazar esta designación. Ya estamos trabajando en la búsqueda de mecanismos que permitan revertir esta situación", dijo Kosiner. "En el mismo momento que en el Colegio de Abogados estabamos debatiendo con magistrados nacionales sobre la independencia del Poder Judicial, el Senado de Salta aprueba esta designación", añadió el ex presidente de esa corporación.
Ferraris, que tiene 40 años, se graduó de abogado en Corrientes. Se dice especialista en Derecho Civil y Laboral. Entre sus antecedentes figuran charlas dadas al personal policial en los últimos años. Los antecedentes de Ferraris no fueron acompañados de las correspondientes constancias. Ferraris fue el responsable de la dura represión a los docentes el 1º de abril de 2005 y del durísimo operativo de expulsión de ocupantes del asentamiento de San Expedito y la que ordenó contra pobladores de Santa Victoria.
Sin consenso
La designación de Ferraris quiebra la breve y frágil normal relación entre el gobernador electo Juan Manuel Urtubey y el gobierno saliente y provoca un retroceso. En las últimas horas se percibía que el clima enrarecido que dominó la campaña electoral y el largo escrutinio definitivo se había reinstalado. A pocos días de dejar el gobierno, Romero designa un ministro de la Corte en un cargo vacante hace dos años.
Magro currículum
A Ferraris no se le conocen antecedentes en el ejercicio de la profesión de abogado y, menos aún, no acredita antecedentes académicos ni puede presentar cartas como jurista. El único antecedente en el currículm de Ferraris es su absoluta subordinación y acatamiento a Romero. Esto convierte a esta designación en una vergüenza, comentó este mañana el periodista Martín Grande. Lo de Ferraris es un escándalo que va a traer graves consecuencias, advirtió Grande.
Romero no asimiló aún el resultado electoral y tampoco el fin de sus doce años de gobierno. Su comportamiento no es propio de los mandatarios que se van con estilo republicano sino de gobernantes autoritarios que intentan extender su poder más allá de los límites temporales y legales que señala la Constitución.
Esa costumbre de avasallar
Al recordado e insólito canje de una banca en el Senado de la Nación, a comienzos de los años 90, cuando Romero dimitió a su banca con mandato de tres años para hacerse elegir de inmediato para un mandato de nueve años, se añade la reforma de la Constitución de Salta en agosto de 2003 cuando Romero forzó una modificación en el artículo referido a los mandatos del gobernador para lograr un tercer mandato y, ahora, su final de mandato acompañado de un sobreabundante paquete de medidas que condicionarán al próximo gobierno.
A esta devastación institucional hay que añadir la depredación de los recursos naturales de la Provincia y la erosión de los valores y la ética republicana, de la que se burló el que el gobierno que se va.
No se recuerda que otro caso que un gobierno, en vísperas de concluir su mandato y a pocos días del traspaso de la administración se comporte como un gobierno que comienza y no como una gestión que concluye. A la cobertura de cargos en la Corte de Justicia, se añaden designaciones en distintos estamentos de la administración pública provincial. En todos los casos, estas decisiones son inconsultas y tienen un marcado sello de ilegitimidad.
Enchufando amigos
Anoche, bajo el atento monitoreo de Romero, el Senado de la Provincia aprobó del pliego del actual secretario de Seguridad de la Provincia, Gustavo Ferraris, para integrar la Corte de Justicia. La amplia mayoría oficialista acató las directivas de Romero, que se propone imponer que, por tercera vez consecutiva, se ratifique como presidente de la Corte de Justicia a Guillermo Posadas. El menú de final de fiesta incluye la incorporación a la justicia del abogado Guillermo Catalano, apoderado del sector de Romero y hombre de confianza de éste.
Los nombres para estas polémicas designaciones se conocieron ayer a la tarde. Todos los comentarios en los pasillos de la Ciudad Judicial y en otros sitios de la Capital salteña coinciden en criticar con dureza el modo que eligió Romero para despedirse del cargo. Genio y figura, dicen aquí. Con esta decisión, Romero está enviando una señal directa: su decisión de confrontar con el gobierno de Urtubey o de producir este tipo de hechos que le permitan luego negociar desde posiciones de menor debilidad.
Anoche no sólo la calle sino también el Senado, donde el oficialismo tiene mayoría agravada, se cubrió de rumores y de reuniones para determinar el acatamiento o no de la propuesta emanada del gobernador saliente y actual titular del Partido Justicialista.