Aludiendo a esa ley, vigente desde el año 1991, Marocco precisó, que la misma no dejará sin efecto a la reciente ley que restituye el sistema de enganche salarial otorgada a los empleados judiciales. El diputado recordó que un decreto no puede modificar una ley. La decisión de una prórroga para la Ley de Emergencia no tiene nada que ver con el tratamiento parlamentario que está en sede del Ejecutivo. A la llamada Ley de Enganche de los empleados judiciales se añadió ahora una medida similar que beneficiará a los magistrados judiciales. La aprobación de ambas iniciativas compromete las decisiones del próximo gobierno en materia salarial. En las últimas dos semanas, los mismos disciplinados legisladores oficialistas, que durante doce años bloquearon cualquier mejora salarial y profesional, aparecen ahora como abanderados defensores de esas demandas.
En opinión de Marocco la transición está ordenada. El gobernador electo Juan Manuel Urtubey confío a Leopoldo Van Cauwlaert, ex ministro de Economía de Salta, la coordinación de las tareas relacionadas con el traspaso de la administración. Un equipo de doce personas acompaña a Ferraris. Este equipo se completa con sesenta asesores que monitorean la situación en el sector de economía, salud y hacienda y organismos del Poder Ejecutivo.
El diputado Marocco precisó que los datos serán evaluados por el equipo técnico del gobernador electo, Juan Manuel Urtubey, para luego elaborar las conclusiones que se darán a conocer a la sociedad. Durante los últimos doce años los legisladores de la oposición no recibieron respuesta a cientos de pedidos de informes sobre la situación en esas áreas.
No está claro si el gobierrno no tiene información actualizada y confiable o si, teniéndola, la sigue cerrando al acceso púbico. Es inaceptable que un gobierno constitucional por su origen no facilite esa información a los ciudadanos pero es de una extrema gravedad que la siga negando a las autoridades que se harán cargo de la maquinaria administrativa el próximo 10 de diciembre. La continuidad de la administración del Estado demanda disponer de esa información.