El gobierno de Salta ha informado anoche de que el llamado "Comité de Crisis", convocado por el juez federal Miguel Medina e integrado por el gobernador Urtubey, arribó a un acuerdo al cabo de una reunión mantenida ayer con representantes de los policías en conflicto. El acuerdo fue plasmado en un acta de la que se desprende, en principio, que la grave situación por la que atraviesa la ciudad norteña de Tartagal habría tenido una notable influencia en el desenlace del conflicto.De acuerdo a lo informado oficialmente por el gobierno, aquel acta recoge que "la policía debe brindar y asegurar la protección de todo ciudadano que habite suelo salteño, siendo una de sus funciones específicas la de defender las personas y la propiedad amenazada de peligro inminente, en caso de incendio, inundación, explosión y otros estragos".
Los puntos concretos del acuerdo, siempre de acuerdo a la información oficial, son los siguientes:
1) Suspender las medidas preventivas que se hubieren adoptado, sin perjuicio de la continuidad del trámite administrativo correspondiente con límite de la máxima sanción administrativa (exoneración).
2) Los traslados se efectuarán por razones de servicio.
3) Se ratifica el compromiso de la gestión de construcción de viviendas para el personal policial a través del IPV.
4) Se ratifica la continuidad de adquisición y distribución de uniformes policiales.
5) En el caso de que el promedio de incremento otorgado en el corriente semestre a cualquiera de los restantes sectores de la administración pública provincial supere el 12 %, dicha diferencia se extenderá al sector policial.
6) Se avanzará en la actualización de la Ley Orgánica de la Policía y de la Fiscalía de Causas Policiales y Penitenciarias.
7) Los descuentos por días no trabajados se compensarán con recargo de servicio.
8) Para que las cláusulas anteriores sean operativas, el personal policial bajo protesta deberá:
a) Reintegrarse inmediatamente a sus tareas habituales en sus respectivos destinos.
b) Respetar incondicionalmente el orden jerárquico de las autoridades superiores.
c) Renunciar definitivamente a tomar medidas de fuerza, debiéndose circunscribirse a la observancia a las normas legales vigentes.
Si los acuerdos que ponen fin a la huelga se limitan a los puntos enumerado más arriba, parece claro que la parte policial del conflicto ha sufrido una derrota aplastante. Lo cual ya ha puesto en entredicho la labor de los abogados que actuaron como portavoces y mandatarios de los huelguistas.
El gobierno no abonará los salarios no devengados por falta de trabajo sino a cambio de un "recargo de servicio". Los expedientes administrativos abiertos para depurar resposabilidades disciplinarias siguen su curso, habiéndose logrado sólo suspender las medidas cautelares decretadas en estos sumarios.
La cuestión salarial queda cerrada sin atender ni a un solo punto de la reivindicación policial. Y por si esto fuera poco, de boca del propio gobernador Urtubey ha surgido la confirmación de que su gobierno no retirará ninguna de las denuncias penales interpuestas contra los huelguistas por los presuntos delitos que se cometieron durante los 13 días que ha durado el conflicto.
Concluye la información gubernamental diciendo que el Comité de Crisis estuvo integrado por el jefe de la Policía de la provincia Humberto Argañaraz, el jefe de Fuerza Aérea, Mayor Sergio Omar Arce, el jefe de la Policía Federal Comisario Renato Antonio Costantini, el jefe de Gendarmería Nacional, Mayor Julio César Leguizamón, más el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Pablo Kosiner y el secretario de Seguridad, Aldo Rogelio Saravia.