El gobierno de Salta y la justicia federal enfrentaban anoche un delicado panorama frente a la magnitud de la protesta de los policías en huelga, que habían conseguido cortar el acceso a la ciudad de Salta, desplegando sobre la ruta 9 a unas dos mil personas, entre policías, familiares y simpatizantes de la protesta. Los policías, que llevan algo menos de dos semanas en abierta rebeldía con el poder político provincial, del que dependen absolutamente, persiguen un aumento salarial que eleve el salario mínimo a 2.300.La reclamación policial parece tener un sustento mayoritario dentro de la propia fuerza, pero carece de apoyos políticos visibles y está concitando ya mismo un amplio rechazo social.
El corte de la ruta de acceso a Salta, que en principio provocó más de 5 kilómetros de atascos y retenciones a uno y otro lado del piquete, ha hecho saltar todas las alarmas. El ministro Kosiner ha dicho que el corte es "una actitud injustificada" y que tratándose de "funcionarios del Estado Provincial con rango de policía", el delito flagrante que están cometiendo es, si cabe, aún más grave.
Kosiner adelantó que el gobierno ha promovido la correspondiente denuncia penal ante la justicia federal, por tratarse de un delito de su competencia, y anoche se esperaba que el magistrado competente (Miguel Antonio Medina, juez nº 2 de los federales de Salta) notificara a los policías rebeldes la orden de liberación de la ruta.
No obstante, se ha podido conocer que la orden cursada por Medina concedía a los policías-piqueteros un plazo de gracia de dos horas para ejecutar el mandamiento judicial. Este plazo ha indignado a los automovilistas y transportistas, que ya llevaban varias horas atrapados en el gigantesco atasco registrado a uno y otro lado del peaje de Aunor.
El propio juez había desechado la posibilidad de personarse en el lugar de los hechos, manifestando que su cometido no era negociar "sino aplicar la ley". No obstante, el cuestionado plazo de dos horas no figura en ninguna ley y tratándose de una vía de comunicación vital para los ciudadanos, la orden de desalojar la ruta debió de notificarse sin plazos ni condiciones de ninguna naturaleza. Por este motivo, los afectados no han aplaudido precisamente las declaraciones del juez, que aseguraba anoche que "pasadas las dos horas sin que se levantara el corte, tomaría una decisión".
En fuentes cercanas a la Secretaría de Seguridad de la Provincia se especula con que el corte de ruta y las amenazas proferidas contra la integridad física del gobernador Urtubey, no harán otra cosa que endurecer las condiciones de la negociación. Tanto el gobierno como los jueces tienen la obligación de proceder penalmente contra los autores de las amenazas y los cortes de ruta, porque ni los delitos ni sus consecuencias se borrarán en caso de que las partes alcancen un acuerdo en la mesa de negociación.
Efecto búmerang
Hace unas semanas el gobernador de Salta sorprendía a propios y extraños al condenar los cortes de ruta provocados por "conflictos políticos" y, al contrario, legitimarlos cuando tuvieran por causa "protestas sociales".
Parece que los policías de Salta han tomado buena nota de las palabras del gobernador y procedido a aplicar una de las metodologías de conflicto más nociva para los ciudadanos. Es una buena oportunidad para que el gobernador rectifique y anuncie que su gobierno no tolerará cortes de rutas de ninguna naturaleza, cualquiera sea el sujeto que los promueva, cualesquiera sean sus motivaciones.
Abogados asesores de los policías
Resulta curioso comprobar de que módo la protesta policial está siendo impulsada por conocidos abogados de Salta. Uno de ellos, Santiago Pedroza, ha asegurado a la prensa que el bloqueo en el acceso a Salta se mantendría "hasta que se abra un canal de diálogo". Curioso, decimos, en tanto el letrado de los policías, al efectuar estas declaraciones, no reflexiona de modo alguno sobre los daños que semejante medida podría llegar a provocar a los ciudadanos y, especialmente, sobre su carácter delictivo.
No existe ninguna norma que prohiba a los abogados aconsejar a sus clientes la comisión de delitos para alcanzar sus objetivos, pero una regla deontológica manda a que los abogados recomienden, siempre, la solución menos gravosa para sus clientes. En este caso particular, da la impresión que esta regla no ha sido observada.