La realidad o, lo que es lo mismo, el resultado real que expresan las urnas suele dejar a algunos de estos profesionales muy mal parados, no obstante lo cual siguen ejerciendo sus oficios con normalidad, por no decir que con desprecio absoluto de las exigencias de accountability social a las que son sometidas otras corporaciones, como por ejemplo la de los cocineros, los albañiles y los médicos.Volviendo al chiste, se podría decir que lo único que cubre -y con creces- los errores de algunos encuestadores son los suculentos cheques que perciben por sus servicios. Sólo la inacabable sombra que proyectan los ceros impresos sobre el papel alcanza para hacer pasar errores clamorosos por aciertos, para acallar cualquier crítica, para volver al ruedo cuantas veces sea necesario y para hacer desaparecer del diccionario el significado de la palabra 'desprestigio'.
Mientras no exista una regulación deontológica de esta profesión, la responsabilidad por los 'daños colaterales' de las encuestas sesgadas o confeccionadas con la intención de distorsionar el resultado real de las elecciones será de los políticos que las encargan. Siempre será más fácil pedirle cuentas a éstos que a los encuestadores, que, al fin y al cabo son simples "mandados".
El 7 de octubre pasado, el matutino El Tribuno, propiedad del actual gobernador de Salta, publicó los resultados de una encuesta suscrita por Daniela Gómez Faure que daba 17% de ventaja a Wayar. La credibilidad de este estudio aparece reforzada por la mirada fría y penetrante de la encuestadora, cuyo retrato aparece impreso junto a la tabla de resultados.
Tres días más tarde, el 10 de octubre, el mismo diario publica la encuesta de Julio Aurelio, que atribuye una ventaja de 15% a la candidatura del mismo Wayar.
Otra encuesta de la Universidad Tres de Febrero aseguraba que Wayar ganaría por 10 puntos.
