El gobernador de Salta ha dictado un decreto draconiano (el 4955/08) cuyo objeto es "contener el gasto público" frente a la previsible merma de la recaudación tributaria interanual. La medida obliga a todos los responsables de los diferentes departamentos de Estado a contener tanto gastos corrientes y de capital como gastos en materia de personal. El decreto también tipifica como "falta grave" la inobservancia de las normas establecidas en el decreto y prevé la apertura de sumarios administrativos, con suspensión inmediata de sus cargos, para "funcionarios y agentes" que incurrieran en tal falta.Con independencia de las regulaciones particulares del decreto, resultan muy llamativas las contradicciones en que incurre su fundamentación.
Los considerandos de la medida, en efecto, aluden a que "el actual escenario, por su complejidad, mantiene la incertidumbre respecto del real impacto que tendrá la crisis mencionada en la economía nacional", lo cual no deja sino entrever la incapacidad de los analistas económicos del gobierno para elaborar pronósticos fiables acerca de la evolución de la situación mundial.
El gobierno no puede tomar medidas en base a la incertidumbre, a menos que asuma voluntariamente el riesgo de equivocarse. Pero, a contrario de lo que sostiene el primer párrafo de los considerandos, las medidas que ha tomado el gobierno de Salta no parecen ser producto de la incertidumbre ni del desconocimiento de la evolución del escenario exterior, sino más bien de la certeza de que la situación internacional, no provocará sino que está provocando ya, una importante caída del nivel de actividad económica a nivel local.
Cuando a renglón seguido la fundamentación de la norma dice que "resulta difícil imaginar que un acontecimiento como el actual no pueda afectar económica y financieramente a nuestra provincia", es porque existe en el gobierno convicción y no incertidumbre acerca de la crisis financiera internacional y de sus alcances. Convicción que, dicho sea de paso, contesta frontalmente la opinión de la Presidenta de la Nación, principal aliada del gobernador Urtubey, acerca de que la Argentina -por sus aciertos- se encuentra "a salvo" de la crisis financiera internacional.
Aunque resulte difícil de acertar, el gobierno está obligado a prever hasta dónde caerá la actividad económica y cuándo y de qué modo comenzará a recuperarse. El argumento de que la crisis "es internacional" y no es controlada ni por la Provincia de Salta ni por el gobierno nacional, que sólo deben limitarse a mirar y a esperar, es inadmisible. Salta, como Francia o Alemania (a quienes también excede el ámbito territorial de la crisis) está obligada a analizar profundamente el escenario internacional y no refugiarse en la "incertidumbre" para adoptar medidas preventivas que pueden tener un efecto búmerang sobre la economía.
El decreto es, por tanto, razonable desde el punto de vista de la austeridad con que debe conducirse cualquier administración pública en lo que respecta al gasto, pero manifiestamente irrazonable por sus fundamentos, que pintan a nuestra provincia como un ente incapaz de descifrar la situación económica internacional y de elaborar pronósticos fiables sobre su evolución.