Los abogados de Poma apelarán la sentencia. La Corte Suprema de Justicia aún debe pronunciarse sobre una condena anterior a Poma por un tema similar. Esta condena a prisión a Poma coloca a la Provincia de Salta en el centro las críticas del país por esta decisión y que provocará reacciones de asociaciones de periodistas de otros países. Romero dueño y ex director de un diario, que firmó declaraciones sobre la libertad de prensa en foros nacionales y en la Sociedad Interamericana de Prensa, deja el gobierno con este grave hecho institucional, más propio de las leyes de imprenta del siglo XIX que de una democracia republicana, dicen los periodistas que integran la Asociación de Periodistas de Salta (APES).
{sidebar id=9}Poma recibió con serenidad la condena y en su última intervención recordó varios episodios recientes los que, según dijo, confirmaban sus críticas a Romero. Entre ellos, se refirió al asesinato de Liliana Ledesma, hace un año en Salvador Mazza, hecho que permitió desnudar una trama entre hombres de confianza del poder político en Salta, como el ex diputado Ernesto Aparicio y carteles del narcotráfico a los que están vinculados los hermanos Castedo, de quienes Aparicio es testaferro.
A las tres de la tarde de hoy concluyó la última audiencia de este juicio que estuvo en manos de Héctor Martínez, juez Correccional y de Garantías, que interviene en la causa, condenara a prisión a Poma, aunque la medida será en suspenso, dado que la Suprema Corte aún debe pronunciarse sobre la apelación de Poma a una condena anterior. Martínez está considerado como un juez político, ya que antes de ser magistrado desempeñó tareas por encargo del gobierno de Salta. Entre ellas, la liquidación de la ex Caja de Jubilaciones de la Provincia.
La defensa de Poma había anticipado que, de con esta condena, lo único que haría el juez Martínez sería ratificar una condena por fuera y anterior al juicio, dictada por el gobernador. El abogado defensor de Romero, Darío Palmier, había pedido un año de prisión efectiva, además de la inhabilitación profesional y la publicación en dos medios oficialistas de una retractación de Poma. Defensores y abogados cuestionaron la parcialidad del magistrado que, durante el juicio, se apartó de las normas procesales y no hizo lugar a ningún planteo de la defensa.
El gobernador de Salta querelló a Poma por sus opiniones en el programa radial "Usted opina". Además de denunciar presuntos negociados, Poma apuntó al manejo de las fundaciones Argentina Solidaria y Salta que aportaran fondos a la campaña de la fórmula Menem - Romero en el año 2003. El gobernador considera que el periodista Poma llevó adelante "una campaña de difamación" en contra de su familia y él mismo, lo que lesiona su honor.
Esta es la segunda demanda del gobernador contra Poma. Como en la segunda audiencia, la gran cantidad de personas que concurrió a ella para solidarizarse con Poma, obligó al juez a habilitar la sala reservada a grandes juicios. La sala tiene capacidad para 60 personas. Por orden del juez no se permitió el acceso a camarógrafos. Organizaciones de derechos humanos, partidos políticos, organizaciones sindicales, asociaciones profesionales entre ellas la Asociación de Periodistas de Salta expresaron su repudio a la prisión impuesta a Poma.
Antes de la última audiencia de hoy, Sergio Poma calificó al proceso de "circo". Dijo que asistía a las audiencias por consejo de sus abogados, que no tiene miedo y que está dispuesto a ir a la cárcel antes que callarse y dejar de informar y opinar libremente. Reveló que hubo personas que le aconsejaron fugarse y le ofrecieron residencias fuera de la Ciudad de Salta donde ocultarse.
Poma agradeció esos ofrecimientos porque, dijo, estuvieron movidos por la buena fe. Son delincuentes como los hermanos Castedo, protegidos por el gobierno de Salta, quienes se fugan. No huyen los que tienen la conciencia limpia y personas de bien.
Las críticas coincidieron en destacar que esta condena es una de las demostraciones más claras de que en Salta la justicia está subordinada a un poder político que la utiliza no sólo para judicializar la crítica y dirimir todo tipo de conflictos sino que la emplea como un arma de intimidación. No hay antecedentes recientes de una condena de este tipo. Lo que se está castigando aquí es la opinión de un periodista sobre el funcionario público que es el titular del Poder Ejecutivo de la Provincia, dicen abogados consultados.
La penalización de las opiniones introduce un componente más al cuadro de inseguridad jurídica que hay en la Provincia. Desde hace años los tratadistas están de acuerdo en que la libertad de opinión es un modo de hacer efectivo el derecho a la información. Antes que castigar las opiniones, el Estado debe respetarlas y constituirse en garante y en promotor de esa libertad.
En opinión del especialista español José María Desantes Guanter, la política es algo criticable por definición. Por su misma naturaleza, la política y las personas que se dedican a esa actividad están expuestas a las críticas y la valoración que se haga de ellos no sólo las laudatorias es públicamente comunicable. Según Desantes tampoco es condenable la crítica apasionada.
Donde la crítica no existe no hay reconocimiento práctico del derecho a la participación democrática. Las consecuencias, a plazo más o menos largo, suelen ser lamentables. La crítica para el gobernante equivale al consejo para el hombre en su vida privada, añade este autor. El gobernante que no admite críticas está expuesto no ya a desviar un rumbo personal sino a desviaciones que padecen todos los ciudadanos.
La pregunta que se formulan muchos en Salta hoy es si esta demanda de protección del honor personal de un hombre público está por encima de esa libertad de opinión. No se trata de sostener la existencia de derechos absolutos, sino de atender a la jerarquía de los derechos. La doctrina también discute sobre los límites al derecho a la privacidad.
Por lo demás, como observa Ekmekdjian, es menester aceptar que el ámbito de intimidad es distinto en un hombre común que en aquel que tiene vida pública más desarrollada. Este es el caso de los funcionarios políticos. En estos casos, la esfera de privacidad es más reducida y, por ende, se reduce también la amplitud de la protección jurídica de tal derecho.
Durante el juicio, los defensores de Poma cuestionaron varias decisiones del juez, quien no hizo lugar a ninguna de ellas. Como defensa no podemos de ninguna manera consentir que en el acta no quede lo ocurrido en la segunda audiencia, pues esto tornaría ilusorio cualquier planteo recursivo cuando el expediente fuera a la Suprema Corte o a la Corte de Justicia de Salta, explica Pedro García Castiella.
Otro abogado de la defensa, Humberto Saravia dijo que el pedido que hicieron la semana pasada era claro: señalamos que en las actas no se reflejó correctamente la primera etapa del juicio. En tribunal que revisará la apelación tiene que tener información clara y fehaciente de lo ocurrido. Las alteraciones de las actas involucran una responsabilidad del juzgado, criticó.
Es preocupante que en Salta exista una justicia que tenga celeridad con las opiniones críticas y con los opositores, y no lo tenga en investigar lo que denuncia un periodista como Sergio Poma. Lo grave y lo que constituye una afrenta institucional y social y lo que debe escandalizar no es la actitud de Poma al denunciarlos: lo grave es lo que denuncia y lo que permanece oculto bajo un manto de impunidad, dice Saravia.