Al decidir la virtual disolución de ese Colegio, la mayoría oficialista ensanchó el camino de la inseguridad jurídica en Salta. Con esto se deja abierta la posibilidad de poner fuera de ley a aquellas asociaciones civiles no gratas al gobierno, lo que introduce un preocupante precedente. La medida contra el Colegio de Enfermeros se adoptó pretextando la necesidad de modificar sus estatutos. Desconocen un resultado electoral
{sidebar id=9}La iniciativa contra ese colegio profesional fue presentada por el presidente del grupo parlamentario oficialista Pablo Kosiner, que es abogado. El diputado Eduardo Abel Ramos, apoyado por el gobierno y por el entonces ministro de Salud, presionaron para interrumpir el escrutinio de las primeras elecciones del recién creado Colegio de Enfermeros. Al no lograrlo y al confirmarse el triunfo del sector opuesto al oficialismo, comenzaron a urdir la maniobra destinada a desconocer ese resultado, suspendiendo la ley que rige al Colegio. Un grupo de enfermeras autoconvocadas, con apoyo del gobierno y de la prensa oficialista, publicó solicitadas demandando esa suspensión y pidiendo reducir el monto de las cuotas de los colegiados.
El motivo real es que, en las últimas elecciones, la conducción de esa entidad quedó en manos de una lista que no responde a los intereses del diputado oficialista Eduardo Abel Ramos, dirigente del gremio de la Sanidad Argentina que ve en el Colegio de Enfermeros una amenaza para el control absoluto del personal que se desempeña en hospitales, clínicas y sanatorios. En los últimos años, junto al poder sindical, Ramos acumuló fortuna personal a la sombra del gobierno local.
Los funcionarios son la ley
El anuncio de la presentación del recurso de inconstitucionalidad lo hizo la presidenta del Colegio de Enfermeros Carmen Rosa Tilca. Según Tilca, el colegio profesional que preside decidió recurrir a la Justicia para que se reestablezca el Estado de Derecho dentro del cual se sitúan las instituciones. Tilca dijo que en Salta no hay garantías ni seguridad jurídica. Aquí no rige el gobierno de las leyes. Es la arbitrariedad de los hombres que ejercen el poder lo que está por encima de la ley.
La medida de los legisladores oficialistas no sólo no se compadece con la seguridad jurídica: tampoco es coherente con su anterior voto de aprobación al texto de la ley que creó el Colegio de Enfermeros. El proyecto, que fue elaborado por enfermeros profesionales y por especialistas en este tema, fue estudiado y debatido por las comisiones de ambas cámaras legislativas y en el recinto.
Un mamarracho, dice el senador García
El senador provincial opositor por Metán Raúl García (Partido Renovador), dijo que la sesión del Senado donde se aprobó el proyecto de suspensión de la personería fue un mamarracho. Los legisladores justicialistas tomaron la decisión de suspender una ley, un hecho inédito. Si triunfaba en las elecciones del Colegio de Enfermeros la lista que apoyó Eduardo Abel Ramos, el oficialismo no habría encontrado pretextos para poner fuera de la ley a esa entidad profesional.
El senador Raúl García consideró que, por un lado, se suspende la Ley del Colegio de Enfermeros y, por otro, se crea un vacío legal de los derechos adquiridos porque hay enfermeros que ya se colegiaron y pagaron su matrícula. Se teme que, transcurridos los 180 días de esa suspensión, el oficialismo decrete la caducidad de la actual comisión directiva de ese Colegio. De este modo, consumaría una también inédita anulación de unas elecciones y despejaría el camino para convocar nuevas elecciones, que serán manipuladas para asegurar el triunfo de la lista oficialista.
Edmunda Carrazana, enfermera profesional y, desde 1983, una de las pioneras del Colegio de Enfermeros, dijo estar indignada por la suspensión de la ley que rige ese Colegio. Carrazana, que tiene 79 años, recordó su lucha para que institucionalizar ese colegio y para abrir las urnas, eligiendo democráticamente a las autoridades de la institución. No sé por qué Eduardo Abel Ramos tiene tanto miedo del Colegio de Enfermeros. El Colegio se tiene que abrir, no nos van a voltear, dijo Carrazana.
Los profesionales deben opinar
El secretario general del Movimiento de Integración y Desarrollo, distrito Salta, Gustavo Barbarán, en su carácter de ex presidente de la Federación de Profesionales Universitarios de Salta, pidió que la intervención de la Federación de Entidades Universitarias frente a la amenaza gubernamental que pesa sobre el Colegio de Enfermeros de Salta.
Esta suspensión legislativa de la ley de colegiación sienta un precedente peligroso, inadmisible en un régimen de Estado de derecho. Los Colegios profesionales, además de su función específica, son escuelas de civismo que deben ser respetadas precisamente porque actúan por delegación del Estado, opina Barbarán.
Para la abogada de la Red de Derechos humanos Verónica Huber, lo más importante de la colegiación es lo que se conoce como el control de la matrícula. Es decir, que son organismos públicos no estatales quienes quitan al gobierno la capacidad de decisión sobre quienes pueden ejercer o no una determinada profesión. En el caso del ejercicio de la profesión, los abogados deben matricularse ante el Colegio, acreditando título otorgado por una universidad habilitada. Este requisito es suficiente para el ejercicio de la profesión.
La colegiación en manos del Estado constituye una amenaza para ese libre ejercicio profesional y pone en manos de funcionarios las llaves del acceso a la matrícula, es decir, a la posibilidad de trabajar en una profesión.